Tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como el Senado aprobaron la decimoquinta solicitud del Ejecutivo para extender, por un periodo de 15 días, el estado de excepción constitucional de emergencia que desde el 16 de mayo rige en la llamada macrozona sur de nuestro país.
Hasta este miércoles mantiene su vigencia la herramienta constitucional que, a solicitud del Gobierno, podría ser alargada hasta el 26 de enero 2023. Su defensor ante la Cámara Baja fue el subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, quien acudió en reemplazo de la ministra Carolina Tohá.
Durante su alocución, la autoridad política afirmó que se trata de una medida a la que no habría acudido el presidente «si no tuviera la convicción de que es una herramienta necesaria para mantener las condiciones de tranquilidad y seguridad».
También, anunció la entrada en vigor de un seguro orientado a transportistas, dueños de camiones, contratistas y usuarios de maquinaria en la macrozona sur, que cubrirá la pérdida total de las máquinas por razones políticas. Ello, con la garantía de BancoEstado, que cubriría los costos en caso de que las compañías de seguro «ocupen más del 85% que reciben por prima».
Por su parte, algunos diputados exigieron al Ejecutivo replicar el estado de excepción constitucional de emergencia en el norte del país, en atención a la crisis migratoria. En respuesta, Monsalve afirmó que La Moneda insistirá en la aprobación del proyecto de resguardo de infraestructura crítica y en el uso de las Fuerzas Armadas para la vigilancia de los límites fronterizos.
Más tarde, cerca de las 16:00 horas, el Senado hizo lo propio aprobando la medida casi sin discusión y por 34 votos a favor y 5 abstenciones. Allí sí pudo acudir la ministra Tohá, quien llamó a los presentes a considerar el proyecto de ley que busca aumentar la duración de estas prórrogas.
También, afirmó que, de vuelta del receso de verano, el Gobierno compartirá con el Congreso en marzo «una mirada de mediano plazo» con las condiciones específicas para levantar el estado de excepción constitucional en la macrozona sur.