Esta semana, y como respuesta a las demandas presentadas a las autoridades del Ministerio del Trabajo por las organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular (Sintracap, Fesintracap, Anecap y Sinducap), el gobierno presentó indicaciones al nuevo proyecto de Ley de Protección al Empleo que busca elevar la cobertura del seguro de cesantía, incorporando trabajadores suspendidos. Sin embargo, estas medidas son insuficientes para un sector que ha sido excluido de estos derechos de protección social.
En el caso de las Trabajadoras de Casa Particular suspendidas (18 mil aprox), según el texto ingresado y aprobado ayer en la Comisión de Trabajo del Senado, donde participaron el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones y el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, se señala que podrán acceder al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) según los ahorros que tengan en la AFP por concepto de indemnización por años de servicio.
Es decir, en el caso de aquellas mujeres que realizan trabajo doméstico remunerado y que son jefas de hogar, con una familia de 4 integrantes, con suspensión de su trabajo y si cuenta con contrato, ésta tendrá que recurrir a la AFP a retirar sus fondos de la indemnización (porque no tiene derecho al seguro de cesantía). Si ese monto, que es entregado de manera gradual es menor a $400 mil, el gobierno le subsidiaría a través del IFE el diferencial para alcanzar ese valor, pero si ese monto de indemnización excede los $400.000, la trabajadora no accederá al IFE.
“Esta medida es insuficiente frente a la profunda precariedad laboral que están viviendo las Trabajadoras de Casa Particular en el marco de esta Pandemia, ya que nuevamente se nos discrimina al otorgar un beneficio parcial y con condiciones. Están excluyendo a las trabajadoras informales, más de la mitad de ellas han perdido sus puestos de trabajo desde que se inició esta crisis sanitaria y social y seguirán en la desprotección”, señalaron las dirigentas de la Coordinadora Nacional de organizaciones de Trabajadoras Casa Particular.
Según los propios registros del INE, las trabajadoras de servicio doméstico informales pasaron de más de 150 mil a 74 mil entre marzo y mayo de este año, es decir, hay más de 76 mil trabajadoras sin protección laboral ni social, y de ellas 1 de cada 3 es inmigrante.
En este contexto, las organizaciones llamaron a los parlamentarios a votar con responsabilidad y conscientes de esta realidad: «Hoy tenemos una nueva oportunidad para que las y los parlamentarios puedan avanzar hacia la justicia social necesaria para proteger a las miles de trabajadoras de casa particular que hoy se encuentran desamparadas y sin apoyo del Estado. Necesitamos acceso garantizado al IFE para todas las trabajadoras del sector y derecho a los fondos solidarios del Seguro de Cesantía. La situación de precariedad y vulnerabilidad en el sector se agudiza cada día más, no podemos esperar más”, manifestaron.
