A través de dos políticas públicas eminentemente participativas el Ministerio de Justicia y los Derechos Humanos busca avanzar, tanto en la región del Biobío como en el resto del territorio, en la reparación efectiva de los familiares de las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura cívico-militar y, además, de quienes fueron objeto de violaciones a sus derechos fundamentales durante la revuelta popular. Particularmente, este sábado los funcionarios ministeriales se desplegarán en la zona para dialogar con quienes resultaron afectados desde octubre de 2019.
De visita en el Biobío se encuentra la subsecretaria de Derechos Humanos, Haydee Oberreuter Umazabal, para participar de la décima bajada regional que tendrá la Mesa de Reparación Integral para las víctimas del estallido social. Las inscripciones para el encuentro aún se encuentran abiertas, y tendrá lugar este sábado. Allí, podrán exponer ante las autoridades aquellas personas vulneradas hace ya más de tres años.
En ese sentido, la autoridad política detalló que se buscará, tanto en el Biobío como en el resto del país, crear un mecanismo de reconocimiento y calificación para las violaciones de derechos humanos en el contexto de la revuelta popular, además de conocer las necesidades y propuestas de reparación integral levantadas por los afectados. Todo ello, para formular una ley de reparación integral que, además, «entregue garantías de no repetición».
Verdad y justicia
El Plan Nacional de Búsqueda, como su nombre lo indica, busca otorgar certezas a aquellas familias que aún no dan con el paradero de alguno de sus miembros desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. La iniciativa plantea la creación de un registro único nacional de damnificados y posee un fuerte componente de participación de tanto las agrupaciones como los familiares en la localización, recuperación, identificación y entrega de los restos humanos.
Al igual que la Mesa de Reparación Integral, esta iniciativa buscará recoger observaciones y propuestas dentro de todo el territorio nacional, por lo que el turno de la región del Biobío quedó agendado para este 14 de noviembre.
Cabe destacar que el Plan Nacional de Búsqueda también tiene como objetivos ampliar la recopilación, el análisis y la sistematización de aquellos documentos que contengan información sobre quienes fueron desaparecidos forzadamente; y extender las investigaciones judiciales y extrajudiciales para los delitos de inhumación y exhumación.
Ello será efectuado a través de cuatro etapas. La primera corresponde a la escucha participativa, colaborativa y colectiva de «las víctimas, sus familias, expertos internacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil»; mientras que la segunda busca avanzar en la adquisición de compromisos y coordinación de las diversas instituciones del Estado.
En la tercera etapa, en tanto, serán revisadas las observaciones, para así redactar una propuesta de Plan Nacional de Búsqueda que contenga los «ejes programáticos, acciones precisas y plazos determinados para su ejecución». Este documento luego será presentada ante los familiares y sus agrupaciones.
Posteriormente, la estrategia será sometida a la aprobación del Comité Interministerial de Derechos Humanos, el que en su mérito determinará la aptitud de esta para ser difundida y aplicada.
Las inscripciones para los eventos regionales y nacionales puede ser efectuada aquí. También, puedes escuchar la entrevista con la subsecretaria Haydee Oberreuter en el siguiente reproductor:
