A la espera de la respuesta que entregará la Comisión Antidistorsiones a la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH), en el marco de la denuncia de dumping que realizó la empresa nacional en contra de China, el Senado realizó una sesión especial, en la que se analizó el rol del Ejecutivo en esta situación.
El ministro de Economía, Nicolás Grau; junto a las subsecretarias de Hacienda, Heidi Berner; y de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; y del Trabajo, Giorgio Boccardo, estuvieron presentes en esta instancia, a la que también llegaron dirigentes de los sindicatos de la siderúrgica.
Junto con relevar el aporte estratégico de Huachipato para el país, los parlamentarios en su mayoría hicieron ver la urgencia de terminar con la incertidumbre en torno a la continuidad de la planta y llamaron a abrir el debate en torno a “soluciones alternativas”, como ceder el control al Estado de Chile, que las empresas mineras en el país prioricen comprar acero a la industria nacional o avanzar en algún tipo de subsidio permanente al sector.
José García Ruminot, presidente del Senado, manifestó que la prioridad debe ser evitar una “catástrofe laboral” y resguardar el empleo de los 22 mil trabajadores que se verían afectados, en un “mercado laboral débil que no ha logrado recuperarse completamente de la crisis sanitaria”.
El legislador llamó a presentar una “estrategia económica robusta”, para enfrentar lo que describió como una “situación compleja, entendiendo que China es nuestro mayor socio comercial y el principal demandante de nuestro commodity clave, el cobre”.
Los senadores de la Región del Biobío también intervinieron en esta sesión. Para Gastón Saavedra, es necesario entender la crisis del acero como un fenómeno internacional, acusando que “la instalación de 10 millones de toneladas de acero chino con dumping afecta a 1.5 millones de empleos en Latinoamérica”, por lo que llamó a un acuerdo multilateral que proteja la industria acerera del continente.
Citando declaraciones del CEO de CAP, controladora de Huachipato, Saavedra llamó a no descartar la posibilidad de que el Estado se convierta en el anhelado “socio estratégico” de la compañía.
Enrique van Rysselberghe, en tanto, profundizó en el impacto que el término de las operaciones traería en más de 350 pymes regionales y cerca de 700 a nivel nacional, junto con reiterar que la solicitud de salvaguardias por parte de la empresa es una petición de “competencia leal, ni subsidio ni salvataje”.
Por su parte, Sebastián Keitel criticó a las autoridades de gobierno por su “desinterés” y sostuvo que “garantizar la continuidad de Huachipato no es un capricho”.
En representación del Ejecutivo, el ministro Nicolás Grau reiteró la alta valoración al rol de Huachipato como industria para el Biobío y el país, además de compartir la evaluación positiva que el sector minero tiene de la calidad del acero que se produce en Talcahuano. Sin embargo, y en medio de pifias de los dirigentes sindicales presentes en el hemiciclo (en la foto), el titular de Economía indicó que no está facultado para anunciar el último dictamen de la Comisión Antidistorsiones antes de que se cumplan todos los protocolos institucionales establecidos.
Edwards y Castro, opiniones disidentes
Pese al consenso en torno a la importancia de Huachipato, dos senadores generaron polémica tras sus intervenciones: Rojo Edwards y Juan Castro. Edwards, presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Alta, manifestó su inquietud en torno a la real posibilidad de que las medidas transitorias dispuestas por la Comisión Antidistorsiones permitan a la empresa “revertir una avalancha (acero chino) de esta magnitud” y el efecto de una “potencial intervención subsidiaria oportunista”.
Más allá fue el senador Juan Castro, quien afirmó que “no es la función de este Senado pedirle a los ministros de Estado que salven una empresa privada (…) Lo que deben hacer los ministros es fijar políticas claras para que ninguna empresa fracase”.
Estas declaraciones fueron respondidas por la diputada Marlene Pérez, para quien se trata de dichos “lamentables y desafortunados”.
La Comisión Antidistorsiones se reunió a inicios de esta semana para estudiar las reposiciones de Huachipato y MolyCop a las sobretasas transitorias establecidas por la instancia en marzo pasado, las que corresponden a un 15,1% para el caso de las barras de acero y de un 15,3% para las bolas de acero, porcentajes fueron calificados como insuficientes por ambas empresas, quienes solicitan un 25% y un 33% en cada caso y que llevaron a Huachipato a informar la suspensión indefinida de sus operaciones.
