El senador Alejandro Navarro (PRO) es el autor de la moción que busca que los candidatos y candidatas declaren ante el Servel «todo aval, hipoteca, gravamen, o derecho personal o real que garantice cualquier préstamo, aporte o financiamiento electoral que lo beneficie, sea cual sea el título, acto o contrato que lo contenga».
Se sumaron a la iniciativa la senadora Yasna Provoste, presidenta de la Cámara Alta; y los senadores Carlos Bianchi, presidente de la Comisión de Gobierno; Jaime Quintana, presidente de la Comisión de Educación; y Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución.
Navarro recordó que «el financiamiento para las campañas puede ser público: aporte que realiza el Estado a través del anticipo fiscal a las candidaturas independientes y partidos políticos; o privado: créditos con mandato a instituciones financieras, aportes propios del candidato, de partidos políticos o de personas naturales».
«En las elecciones para constituyentes», añadió, «el total de aportes desde todas las fuentes ascendió a $12.375.673.692, mientras que las transferencias dirigidas únicamente a candidatos, sumaron $8.647.638.184. Resalta aquí un grupo de 51 directores de Administradoras Generales de Fondos (AGF) y AFP, que aportan $256.626.606 a campañas coincidentemente de partidos como Republicano, UDI, RN y Evópoli».
Lo más peligroso, detalló el parlamentario por Biobío, «son los créditos con mandato: préstamos entregados por los bancos a los candidatos y que se pagan con el dinero que el Servicio Electoral entrega por cada voto recibido. Pero el Servel no fiscaliza quienes son los avales de los préstamos solicitados, y los bancos, bajo el secreto bancario, no pueden informar nada respecto a sus nombres, ni de los candidatos y partidos que hicieron uso de dichos créditos. Por tanto, cualquier tercero puede respaldar los créditos y mantenerse en un completo anonimato, convirtiéndose en un pilar fundamental dentro de una campaña, ya que si el candidato o partido no obtiene votos suficientes para asumir el pago de lo adeudado, este tercero anónimo puede asumir la deuda y transformarse en el mayor aportante».
«Es decir, un aval que no le cobra la deuda a su candidato puede terminar siendo su principal financista, sin que se conozca su identidad y burlando los límites a las donaciones, lo que nos rememora los bullados casos de SQM y Penta, que mezclaban la política con el poder y el dinero», agregó.
Finalmente, Navarro sentenció que «la ciudadanía exige más transparencia en todos los niveles, lo que incluye por cierto las elecciones, donde no podemos tener a candidatos ni candidatas que debido a que alguien les prestó dinero, luego tengan que pagar con favores políticos. Eso no puede ocurrir más en Chile y está ley lo prohibirá».
