La sala del Senado dio inicio ayer al segundo trámite del proyecto de Ley de Presupuestos 2022, iniciativa que llegó desde la Cámara de Diputadas y Diputados con una docena de partidas rechazadas. Dicho debate, que debía continuar hoy, fue reprogramado para el miércoles 10 de noviembre debido al adelantamiento de la discusión del cuarto retiro extraordinario de fondos previsionales. Por ello, se fijaron sesiones especiales que deberán comenzar sus trabajos mañana a partir de las 10:00 horas.
Durante las intervenciones desarrolladas ayer, los senadores concentraron sus esfuerzos en someter a discusión aquellos temas en los que existen mayores divergencias. Uno de ellos fue el senador por el Partido Progresista (PRO) y la XII circunscripción senatorial, Alejandro Navarro, quien abordó la falta de compromisos para el desarrollo regional.
En ese sentido, Navarro apuntó a la situación de los nuevos recursos regionales y a la falta de inversión, a través del Fondo de Apoyo Regional (FAR), para solucionar asuntos como la crisis vial que afecta a provincias como la de Concepción, cuyas arterias están hoy colapsadas por el explosivo aumento del parque vehicular. Por lo mismo, solicitó, entre otras medidas, que se autorice a los gobernadores a que hagan uso de los saldos que quedaron en caja por concepto de proyectos no ejecutados durante la pandemia.
La petición de Navarro fue respaldada por el senador Alejandro Guillier (independiente pro Partido Radical), quien luego planteó que quedó pendiente un mayor debate «respecto de más recursos fiscales para atender las urgencias sociales. Rebajar un 22,5% en relación a lo ejecutado este año no nos parece razonable». Por ello, centró su ponencia en el déficit de viviendas y en la recuperación de la cultura y el turismo.
También, la senadora Isabel Allende (Partido Socialista) criticó los recortes que recibió el presupuesto de educación para este año. Por ello, llamó a las autoridades a asumir un mayor compromiso al respecto.
Las 13 partidas
Las partidas y artículos que no fueron objeto de indicaciones fueron dadas por aprobadas, con excepción de las que requerían quórum especial. De este modo, se despacharon, aunque con varias solicitudes de información, las partidas de Servel, Presidencia, Congreso Nacional, Poder Judicial, Contraloría, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Bienes Nacionales, Minería, Secretaría General de Gobierno, Ministerio Público y Deporte.
Entre las solicitudes de información, está la referida a los avances respecto del trato de migrantes con perspectiva de derechos humanos. Sobre este asunto, será el Servicio de Migraciones el que deberá informar a las comisiones de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos al respecto.
En tanto, en la partida de Hacienda se eliminó la glosa 07, la que solicitaba conformar una mesa técnica de trabajo para analizar la posibilidad de incluir beneficios tributarios para la corporación de rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur. Esto, ya que desde la Dirección de Presupuestos (Dipres) se argumentó que dicha glosa, que fue propuesta en la Cámara Baja, resulta inadmisible. De todas formas, el Senado acordó solicitar un oficio para que estudie beneficios para Leones Cruz del Sur, Fundación Las Rosas, entre otras.
Por otra parte, en la discusión relacionada con el Ministerio Público se respaldó, por amplia mayoría, incorporar una glosa en la que se se obligue a esta entidad a informar trimestralmente a las comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras respecto de los avances de las investigaciones centradas en las violaciones a DD.HH. ocurridas entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de diciembre de 2020.
Para Deporte se suprimió, a solicitud del Ejecutivo y por mayoría en sala, la propuesta de incorporar un seguro de salud para deportistas amateur inscritos en federaciones. Esto, según se argumentó desde la Dipres, se debe a que la propuesta de la Cámara de Diputadas y Diputados resulta inaceptable.
Cabe hacer presente, además, que pese a ser declarados inadmisibles, se pusieron sobre la mesa temas como la necesidad de destinar terrenos fiscales para viviendas sociales; mayores recursos para la fiscalización del Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin); revisar el gasto de comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno de Chile (Segebob), con atención especial a las encuestas; entre otras.
