Este martes y luego de un extenso debate, finalmente el Senado aprobó en general, por 40 votos a favor, el proyecto de Ley de Fraccionamiento impulsado por el Ejecutivo. Esta propuesta -que inició su ruta por el Congreso el pasado mes de septiembre- pasará ahora a tercer trámite legislativo y busca introducir cambios en el fraccionamiento de 22 pesquerías nacionales con el fin de lograr una mayor equidad entre los sectores pesqueros artesanal e industrial.

En la Sala se aprobó la norma en general y luego se procedió a revisar peticiones de votaciones separadas e indicaciones. En esa instancia, se rechazaron las cuotas aprobadas en la Comisión de Hacienda para la distribución de la pesquería de la merluza común (43% al sector artesanal y un 57% al industrial) y la misma suerte corrió una indicación del senador Daniel Núñez que establecía la proporción en 70/30, tal como lo había aprobado la Cámara Baja.

También se rechazó un articulado que establecía licencias transables para la pesca industrial del jurel, uno de los temas impulsados por el Ejecutivo, y se aprobó cambiar los porcentajes aprobados en Hacienda respecto a las cuotas de jurel en la zona norte pasando de una cuota dinámica a una fija de un 70% al sector industrial a un 30% al artesanal.

En el debate, las y los parlamentarios hicieron referencia a la ley de Pesca vigente y su legitimidad, la desinformación que ha rodeado al debate, la importancia de vincular la territorialidad a la definición de cuotas, la pertinencia de generar un sistema dinámico de asignación, los efectos en el empleo, la constitucionalidad del proyecto y la sobreexplotación de determinados recursos.

Biobío

Tras la sesión, el senador Gastón Saavedra (PS) valoró el proceso legislativo, destacando la apertura al diálogo, considerando que hubo 56 audiencias en la Comisión de Pesca. “Nadie puede decir que no se escuchó. Todo el mundo tuvo el espacio para opinar sobre una ley que se discute en condiciones bastante complejas, sobre todo desde el punto de vista de la sustentabilidad”, señaló.

Asimismo, el parlamentario advirtió que aún existen problemas que deben resolverse para asegurar una aplicación efectiva del fraccionamiento.

Saavedra también subrayó la importancia de resguardar el empleo en la Región del Biobío. “El Ministerio de Economía está impulsando un plan en Biobío y no puede venir al Congreso a socavar ese mismo plan. Por eso hemos defendido que la distribución de las pesquerías debe permitir la sostenibilidad del sistema”, enfatizó.

El senador anticipó que el debate aún no está cerrado y afirmó que “si asignamos cuotas, debemos asegurar que se pueda pescar, de lo contrario, estaremos aprobando una trampa que pone en riesgo el desarrollo de la actividad pesquera en el Biobío”.

Por su parte, Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Capitanes de Pesca Industrial y miembro del Personal Embarcado Industrial del Biobío, señaló que los trabajadores del sector industrial no están conformes con la fórmula de reparto.

“Cualquier porcentaje de pesca que se nos saque nos genera un desmedro económico. Son puestos de trabajo que están en riesgo, que se van a perder”, sostuvo.

Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío, criticó que las empresas socias del gremio que agrupa a los principales actores del jurel en Chile perdieron anoche en el Senado el 20% de la cuota que tenían vigente hasta 2032.

“Es doblemente injusto que se cambie drásticamente por una parte el fraccionamiento de la principal pesquería del Biobío, y que por otro el Estado busque solo a través de la subasta de esta pesquería financiar la totalidad del proyecto de ley”, explicó.

A su vez, el presidente de CPC Biobío, Álvaro Ananías, enfatizó en la delicada situación de la región y llamó a estar alerta ante la regulación del proyecto. “Estamos preocupados porque esto posterga inversiones y genera incertidumbre en el sector y en trabajadores que realizan trabajos de calidad para esta industria”.

Acuerdos

La aprobación del proyecto se traduce en acuerdos en 21 de las 22 pesquerías, en recursos como la sardina común y la anchoveta, merluza de cola, merluza del sur, reineta, congrio dorado, langostino colorado, langostino amarillo, camarón naylon y raya volantín, entre otros.

En el caso del Jurel, uno de los principales recursos, se acordó -tras aprobación de una indicación sustitutiva- que en el norte grande y Los Lagos queda un 85% para el sector industrial y un 15% para el artesanal, siendo actualmente un 5% para este último sector. Asimismo, desde Atacama a Los Ríos, se aprobó también la fórmula impulsada por el Ejecutivo quedando en un 70% para el sector industrial, y 30% para el sector artesanal, en situación que actualmente los artesanales tienen 10% de la cuota.

En cuanto a la Jibia, se aprobó el diseño dinámico que surgió de Hacienda, que implica un rango entre 80% y 90% artesanal, y 10% a 20% industrial.

En términos de proyección, un punto que será abordado en etapas venideras de tramitación será la situación puntual de la merluza común y la diferencia en materia de licitaciones, dado el incremento histórico de la cuota de jurel -de un 25%- conseguido en febrero pasado en la 13º Comisión de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur ORP-PS, por parte de nuestro país. En ese sentido, el proyecto del Ejecutivo considera la licitación de una parte de dicho incremento, lo que constituye un punto fundamental para la viabilidad del proyecto con equilibrio fiscal.