El pasado 30 de agosto, el Presidente Gabriel Boric dio a conocer los ejes del Plan Nacional de Búsqueda, con foco en esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de la represión del Estado durante la dictadura cívico-militar.
Para el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos Bottai, se trata de un plan «con sentido de urgencia, para que el estado en su conjunto, no sólo los familiares o algunos jueces se hagan cargo, como política pública, de la necesidad de buscar a las personas detenidas desaparecidas».
Bustos recordó que en Chile, 1.469 personas fueron víctimas de desaparición forzada durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet (1.092 corresponden a personas detenidas desaparecidas) y que se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos por agentes de un estado que «ha hecho de todo en estos 50 años para que las personas no puedan encontrar a sus seres queridos ni saber lo que ocurrió con ellas».
Más allá del mea culpa del Poder Judicial y de que los procesos en tribunales se intensificaran a partir de la detención de Pinochet en Londres en 1998, indicó el abogado, «los datos siguen mostrando que falta mucho por hacer».
Fortalecer la educación en derechos humanos
El anuncio del Plan Nacional de Búsqueda forma parte de la agenda del Gobierno para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado. Consultado por la percepción del clima social en torno a este hito, Bustos planteó en su preocupación por la falta de «consensos mínimos» en torno a la defensa de la democracia y los derechos fundamentales.
También profundizó en la idea de los «cómplices pasivos» a los que aludiera el ex presidente Sebastián Piñera en 2013 y en el rol de los medios de comunicación, recordando que «así como durante la dictadura, más de treinta periodistas y comunicadores sociales fueron asesinados por defender la libertad, también hubo medios de comunicación que encubrieron violaciones a los derechos humanos».
A cinco décadas del quiebre democrático, el director ejecutivo de Amnistía Internacional cuestionó que hoy «no estamos conversando de la responsabilidad del estado, sino que hay un sector reivindicando el golpe, minimizando las violaciones a los derechos humanos, justificándolas, negándolas».
«Pareciera ser que hemos retrocedido y tendremos que seguir trabajando mucho más para intentar tener esos consensos básicos, mínimos civilizatorios, en nuestra sociedad», sentenció.
Finalmente, Bustos indicó que «algo que nos muestra esta conmemoración es lo que nos falta avanzar en una cultura respetuosa de los derechos humanos» y que dicho proceso no se construye «sólo con leyes, con obligar a las personas a seguir ciertas conductas a través de normas jurídicas. También es un trabajo de convencer, y eso puede ser de más largo aliento, pero es fundamental».
«Lo llamativo, lo preocupante, es que digamos que esto nos divide. Debiéramos tener consensos básicos en que hay cuestiones que nunca debieron haber sucedido, que nunca deberían suceder, y condenarlas sin medias tintas», concluyó.
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