El delegado presidencial de la Región del Biobío, Eduardo Pacheco, junto a la seremi del Trabajo, Sandra Quintana, se reunió con adultos mayores, para dialogar en torno a los alcances regionales de la Reforma Previsional aprobada en el Congreso.

En primer lugar, la seremi del Trabajo precisó que en la región son cerca de 257 mil personas las que se verán beneficiadas durante este periodo, considerando pensiones de AFP, Seguros Sociales, IPS y de Invalidez y Sobrevivencia.

Luego, Quintana precisó que durante este mismo año, en un plazo de 6 meses, “ya vamos a tener resultados de la reforma” con el aumento gradual de la PGU para las personas mayores de 82 años.

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La autoridad agregó que en la reunión con adultos mayores hubo solicitudes para seguir avanzando y mejorando las pensiones, sobre todo considerando a las mujeres que han dedicado toda su vida al cuidado de otras personas, sin entrar al mercado laboral.

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En esa misma línea, la seremi planteó que “el sistema (de pensiones) debe estar en constante revisión porque el mundo del trabajo es flexible” y apuntó como meta lograr una tasa de reemplazo similar a la de países desarrollados, en torno al 90%.

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Por su parte, la presidenta regional de Adultos Mayores, María Silva, valoró la reforma aprobada y principalmente el reconocimiento a las mujeres cuidadoras.

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Tras la reunión, el delegado presidencial regional destacó el aumento de la PGU durante este año y la implementación gradual de la reforma.

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Finalmente, Pacheco llamó a las y los parlamentarios de la región a “colocar el interés de las personas por sobre cualquier diferencia política”, tras conocerse que la diputada Francesca Muñoz y el diputado Roberto Arroyo anunciaran una reserva de constitucionalidad de la reforma aprobada.

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Cabe recordar que la reforma previsional despachada propone, entre otros aspectos, la creación de un Seguro Social que entregará dos prestaciones, el Beneficio por Año Cotizado y la Compensación a Mujeres por las mayores expectativas de vida.

También considera una nueva cotización de cargo del empleador de 7% de la renta imponible. Esta se sumará al 1,5% que ya aportan los empresarios al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), con lo que los empleadores totalizarán una cotización de 8,5% en beneficio del trabajador.