Tras el informe de la Fiscalía Nacional Económica sobre el mercado del gas, distintos actores del mundo político han solicitado medidas para reducir el precio a los consumidores finales.

En ese sentido, la iniciativa «Gas a Precio Justo» presentada por el diputado Gastón Saavedra, inició su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El parlamentario explicó que el objetivo del proyecto es «trasladar a beneficio social las fluctuaciones en el precio del gas, sobre todo cuando se reduce«.

Asimismo, el ahora electo senador, afirmó que «el Estado tiene que participar de una sociedad en donde el mercado no está regulado y por tanto, ENAP debe actuar y debe ser parte de este mercado para agregar la competitividad necesaria a la regulación de los precios«.

En una línea similar, el alcalde de Chiguayente, Antonio Rivas, señaló que ingresó una solicitud para que el municipio sea un distribuidor directo de gas licuado para las vecinas y vecinos. 

El edil afirmó que esta alza del combustible por parte de las empresas distribuidoras «llegó en el peor momento de la crisis sanitaria y castigó a las personas más pobres«.

Cabe señalar que en su análisis, la Fiscalía constató la hipótesis planteada al inicio del estudio, en cuanto a que el mercado del gas en Chile no está funcionando adecuadamente desde una perspectiva competitiva, y propone al Poder Ejecutivo tres recomendaciones para corregir dichas anomalías.

La FNE calculó que, producto de la baja intensidad competitiva en el mercado, entre 2010 y 2020 los distribuidores mayoristas de este insumo han aumentado su margen anual de un 35% a un rango de entre 50% y 55% aproximadamente, lo que equivale a US$ 261 millones anuales de manera agregada.

Eso, a su vez, se ha traducido, en un precio adicional de US$ 181 millones cada año en la compra de Gas Licuado para los consumidores finales desde fines de 2014. Esto es equivalente a aproximadamente 15% del precio actual de venta al público de cada cilindro de gas licuado.