En respuesta al anuncio de la suspensión indefinida de operaciones de Huachipato, sus trabajadores iniciaron movilizaciones diarias en los alrededores de la siderúrgica y en las vías que conectan a Talcahuano con Concepción, incluso trasladándose en caravana hasta el centro penquista.

Durante la última semana, las manifestaciones de la llamada “familia acerera” no fueron las únicas en la Provincia de Concepción. El martes, trabajadores de la pesca artesanal encendieron barricadas y bloquearon rutas reclamando la ampliación de la cuota de pesca; mientras que el jueves, en el marco de un paro nacional convocado por la Unión Portuaria de Chile, trabajadores de Puerto Coronel —quienes además enfrentan un conflicto interno con la empresa— llegaron hasta el frontis del Gobierno Regional en paralelo a la sesión de dos comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados, convocadas para analizar la crisis de Huachipato.

En medio de este delicado escenario, dirigentes sindicales de la región han señalado con claridad que la alternativa de un paro general en Biobío está sobre la mesa. Las protestas de Aysén, Freirina, Tocopilla y otras zonas del país resuenan como ejemplos de comunidades organizadas que se han manifestado en contra del centralismo y en defensa de sus actividades locales.

A la salida de la sesión especial, y en paralelo a las protestas de los portuarios, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos (UDI), criticó la “inoperancia y falta de diálogo del gobierno” y apuntó al polémico llamado del senador Daniel Núñez a la “presión social”.

Una visión compartida por la diputada Flor Weisse (UDI), quien relevó la importancia de “alzar la voz frente a la pasividad de las decisiones del nivel central, no sólo en este gobierno”.

Asimismo, la parlamentaria destacó la unión de distintos actores en defensa de la matriz productiva y empleo regional.

Según el cientista político y académico Lucas Serrano, “para la agenda y la acción de gobierno sería complicado encontrarse con una manifestación regional importante, con demandas que ponen en jaque a las autoridades locales, que habitualmente se cuadran con la ciudadanía en estos casos”.

“Ninguna autoridad regional quiere estar en contra de demandas o preocupaciones que son bastante legítimas en lo económico, que es lo que ocurre en la Región del Biobío (…) El impacto que puede generar el desempleo o el cierre de industria, es bastante transversal a las ideologías políticas”, agregó.

El analista apuntó también a las complejidades “para un gobierno que se construye desde la calle” y que en su tercer año está buscando consolidar políticas públicas de larga data, pensando en su legado.

Atribuciones y competencias

Respecto del rol de las autoridades regionales, Serrano planteó que las demandas sectoriales muchas veces son competencias que escapan a lo que pueden decidir la delegada presidencial, seremis o alcaldes. “Ante la necesidad de la intervención, sobre todo en un estado unitario relativamente centralista como el que tenemos, no es descabellado mirar a las autoridades nacionales”, sostuvo.

Precisamente, el seremi de Economía del Biobío, Javier Sepúlveda, indicó que las contingencias de la última semana han sido atendidas desde el diálogo y “dentro de las competencias y área del Ministerio”.

Sepúlveda destacó la resolución del conflicto con los pescadores artesanales y reiteró que la cartera está involucrada activamente en el proceso de apelación de las empresas acereras ante la Comisión Antidistorsiones.

Para este jueves 11 de abril, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a un paro nacional bajo el lema “Una mayoría social que quiebre el empate político y el bloqueo empresarial”.