El artículo 26 de la propuesta de Nueva Constitución, en su inciso primero, establece que «niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile».
Cecilia Pérez Díaz, docente del Departamento de Trabajo Social UdeC y directora de Servicios Estudiantiles y del Programa Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y Adolescencia (PIIA), relevó este punto, señalando que «es primera vez en la historia de Chile que los niños, las niñas y los adolescentes están presentes y reconocidos como sujetos de derecho en la Constitución».
Este texto, afirmó, es una actualización «jurídica y civilizatoria» en infancia y adolescencia, recordando que Chile ratificó hace más de treinta años la Convención de los Derechos del Niño.
La académica abordó además el inciso número 2 del mismo artículo, que señala que «el Estado tiene el deber prioritario de promover, respetar y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, resguardando su interés superior, su autonomía progresiva, su desarrollo integral y su derecho a ser escuchados y a participar e influir en todos los asuntos que les afecten, en el grado que corresponda a su nivel de desarrollo en la vida familiar, comunitaria y social».
Al respecto, explicó que se trata de los «principios rectores» de la Convención de los Derechos del Niño y profundizó en el significado de conceptos como la «autonomía progresiva».
En esta línea, llamó especialmente a «escuchar a los niños, lo que tienen que decir, lo que piensan y lo que proponen (…) El desarrollo de los niños, pero también de la sociedad chilena, depende de cómo nos comportemos con ellos».
El proyecto de Nueva Constitución señala además, en el inciso cinco, que «la ley establecerá un sistema de protección integral de garantías de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a través del cual establecerá responsabilidades específicas de los poderes y órganos del Estado, su deber de trabajo intersectorial y coordinado para asegurar la prevención de la violencia en su contra y la promoción y protección efectiva de sus derechos».
Acerca de este punto, Cecilia Pérez Díaz manifestó que si bien hay avances respecto de las décadas anteriores, como la creación de la Defensoría y de la Subsecretaría de la Niñez y el proceso de término del Sename, un foco de las políticas públicas debe estar puesto en los espacios locales y en la prevención, promoción y protección de los derechos de NNA.
Finalmente, la académica planteó que se trata de una propuesta constitucional «que fortalece de manera notable el reconocimiento de los niños, su protección con especial énfasis en los más vulnerables, establece obligaciones explicitas del estado y también de la sociedad, desde las familias al conjunto de la sociedad (…) El mejor regalo que podemos hacer a los niños es darle vida a lo que está propuesto en la nueva Constitución, porque es una deuda que Chile tiene hace más de 32 años».
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