Continúa la tensión entre la oposición y el oficialismo derivada de la firma de los primeros 13 indultos del periodo presidencial de Gabriel Boric, situación que, incluso, salpicó a la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Dentro de la serie de acusaciones y justificaciones, analistas proyectan perjuicios en la relación entre los diferentes sectores.
De acuerdo con la analista política y académica del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política UdeC, Jeanne Simon, es claro que la decisión de indultar al exfrentista Jorge Mateluna y a otros 12 condenados por causas inscritas en el estallido social tendrá como principal consecuencia el aumento de la «sensación de inseguridad, pero más a nivel político».
A pesar de la variedad de interpretaciones otorgada al hecho, la politóloga UdeC afirma que sería erróneo comprender este primer uso de la facultad presidencial como «un cheque en blanco» para el uso de violencia con fines políticos, dado que el foco está más bien puesto en la proporcionalidad del castigo recibido «por cada tipo de violencia» y no en otros criterios.
Prerrogativa exclusiva
Congruentemente, el director de Asuntos Públicos del Observatorio de Políticas Regionales (Observa Biobío), Lucas Serrano, considera que el escándalo derivado de los indultos es «complejo», dado que por un lado se debate respecto de una facultad instaurada en nuestro marco legal para uso exclusivo del presidente de la República, y por otra, se cuestiona la «inconsecuencia» del Ejecutivo por liberar a condenados mientras, al mismo tiempo, se sostiene un discurso proseguridad pública.
En ese contexto, Serrano recuerda que el indulto a los llamados ‘presos de la revuelta’ constituye una promesa electoral y una idea bien arraigada en el presidente Boric, la que además ha sido apoyada dentro de su conglomerado político por las fuerzas que consideran que se debe «reivindicar» y flexibilizar el castigo para ciertos «luchadores sociales». Es por ello que el director de Asuntos Públicos de Observa Biobío advierte que, en ese afán de cumplimiento, el Gobierno pudo cometer «un error de lectura del momento político»
Recordemos que a raíz de la decisión del Ejecutivo, Chile Vamos y Republicanos congelaron su participación en la mesa legislativa que buscaba generar un acuerdo transversal por la seguridad, a la vez que postularon la creación de un espacio de discusión paralelo. Incluso, Renovación Nacional (RN) ya anunció el levantamiento de una acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, a al vez que anunció la existencia de «un antes y un después con respecto a las relaciones con el Gobierno».
