En el marco del próximo ingreso al Congreso del proyecto de ley de presupuesto 2024, el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, adelantó que pese a que se trata de una ley anual, este erario “tiene a diferencia de otros, un elemento central: cómo hacer las cosas para que de verdad los recursos lleguen donde estaban planificados”.
Esto último derivado de la polémica surgida por los denominados casos convenios o transferencias de recursos públicos.
El senador Coloma manifestó que “si hay una gran lección es que a pesar de los esfuerzos que se hicieron el año pasado hubo desviación de recursos y no hay nada peor para un país que, con recursos escasos, uno compruebe que, a través de fundaciones o convenios, los recursos fueron a lugares distintos”.
Por estas razones, aseguró que “el eje de la discusión será sobre las normas del articulado y la glosas para que los recursos lleguen a donde tienen que ir y desaparezcan aquellas arbitrariedades que hacían que los fondos se fueran a fundaciones y otros fines”.
Por su parte, el senador Iván Flores, reflexionó respecto a las prioridades de este presupuesto, pues “independientemente de los delitos que se cometieron y las falencias que se cometieron y que deben ser subsanadas, me preocupa que se de cuenta de las necesidades del Chile real y no lo que el Ministerio de Hacienda quiere hacer”.
Agregó que “el Presidente Boric se comprometió a enfrentar la falta de seguridad y la delincuencia, pero resulta que no se han gastado los recursos… entonces, se ven dos gobiernos, uno que anuncia y el otro que pone condiciones”.
Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre, adelantó que “todo lo que implica gasto social lo vamos a respaldar y la propuesta del gobierno será responsable, pues respeta los equilibrios macroeconómicos”.
Respecto a la calidad del gasto, manifestó que “nadie se puede negar a mejorar los estándares de la ley de presupuesto, de modo de evitar criterios laxos o arbitrariedades. Esperamos que sea un acuerdo transversal y, en cuanto a los casos que han surgido tanto en convenios, fundaciones y gobiernos regionales se investiguen y se determinen los delitos y que haya sanciones”.
