El Presidente Gabriel Boric aseguró este jueves que el proyecto de nueva Ley de Pesca, que presentó en la caleta de pescadores de Quintay, es parte del compromiso del Gobierno con la probidad y contra la corrupción.

El Mandatario señaló que la actual Ley de Pesca “no tiene la legitimidad ni cumple con los estándares que la democracia exige. Pese a que en su elaboración participaron de buena fe organizaciones sociales, hubo quienes durante su tramitación pusieron intereses privados por sobre los intereses comunes”.

Boric destacó “el rol central que va a ocupar la ciencia en la toma de decisiones para la administración y la conservación de los recursos pesqueros” y agregó que la nueva ley “establece la obligatoriedad de los planes de manejo para todas las pesquerías sin excepción y con esto se garantizan condiciones más justas y favorables para la pesca artesanal”.

El proyecto, detalló el Jefe de Estado, “aumenta la competitividad de la industria porque disminuye las cuotas de captura asignadas por criterios históricos, permitiendo así la entrada de nuevos actores a esta actividad”.

Además, indicó que la propuesta también está cruzada por el enfoque de género.

Luego del anuncio, la diputada María Candelaria Acevedo, detalló que la iniciativa debería comenzar a revisarse en el Congreso a partir de marzo de 2024. Además, valoró que el proyecto sea más democrático que el anterior.

Por su parte, desde Oceana en Chile, el director de campañas de pesca, César Astete, llamó a “priorizar el criterio científico y el principio precautorio en la toma de decisiones y a que la recuperación de pesquerías sea un eje central en la nueva ley, considerando que más del 50% de las especies se encuentras en estado de sobreexplotación o agotadas”.

Dentro de los principales contenidos de la iniciativa, se establece la “obligatoriedad de planes de manejo para todas las pesquerías, sin excepción”. Asimismo, se establece “el fraccionamiento de los recursos pesqueros entre el sector artesanal y el industrial en base a criterios científicos y de equidad interregional e intrarregional”.

Según detalló el Gobierno, aumenta de un 15% a un 50% el porcentaje de los recursos que se asignan al sector industrial mediante licitaciones públicas, disminuyendo de un 85% a un 50% el porcentaje que se asigna mediante criterios históricos de captura. Para el Ejecutivo, los criterios de asignación de la cuota pesquera para el sector industrial “son una de las principales críticas a la legislación vigente, por atentar contra la libre competencia”.