A raíz de los cuestionamientos presentados por diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos y parlamentarios oficialistas, el asesor gubernamental para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Patricio Fernández, presentó su renuncia al cargo. La decisión fue aceptada por el presidente de la República, quien valoró el «espíritu democrático» y las contribuciones del periodista, sin dejar de reconocer la lucha histórica mantenida por quienes pedían su salida.
El conflicto vio su inicio luego de la entrevista concedida por el exconvencional al sociólogo y académico, Manuel Antonio Garretón, instancia en la que afirmó que «la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió o cuáles fueron las razones o motivaciones para el golpe de Estado». Ello le valió la condena de un amplio grupo de organizaciones proderechos humanos y, además, la negativa de la Red de Sitios de Memoria a participar de las actividades conmemorativas «mientras Fernández siga en su cargo».
Dicha diligencia fue también recogida por algunos parlamentarios del Partido Comunista, que encabezados por la diputada Lorena Pizarro (PC), demandaron «el retiro» del entonces asesor y la entrega, por parte del Gobierno, de su propuesta «en todos los ámbitos» respecto de «la conmemoración de los 50 años».
La renuncia fue finalmente oficializada por el propio Fernández por medio de una carta, en la que junto con agradecer «la confianza» entregada por el presidente en lo respectivo a la construcción del «marco conceptual y el tono» de la conmemoración, llamó a la comunidad a «reflexionar» sobre aquello que no se quiere «repetir jamás».
El hecho fue repudiado por la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), quienes presentaron una declaración en la que cuestionaron el que «una vez más» el Gobierno cediera a las «presiones ejercidas por el Partido Comunista» en su afán de, a su parecer, «imponer una sola verdad de los hechos acontecidos en aquella época».
Dicha tesis fue posteriormente refutada por la diputada Marisela Santibañez (PC), quien enfatizó en que las peticiones de salida por la «desafortunada» frase de Fernández fueron apoyadas por «más de 160 organizaciones».
En tanto, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) valoró la salida del escritor, dado que su continuidad, a su juicio, «no era tolerable», así como tampoco lo serían los intentos de «empate histórico» planteados en base al revisionismo del mandato del expresidente Salvador Allende. También, la parlamentaria sostuvo que, personalmente, espera que «desde ahora en adelante» el Gobierno se centre en apoyar las iniciativas centradas en condenar el negacionismo y en instaurar la tan anhelada «verdad, justicia y reparación» para las víctimas.
No más diferencias
Durante la misma jornada, el presidente Boric fue consultado por el tema en medio de su visita a la comuna de Molina, frente a lo que, en primer lugar, reconoció la «lucha histórica y perseverancia» de las agrupaciones en defensa de los derechos humanos y de familiares de detenidos desaparecidos en torno a la búsqueda de garantías de no repetición.
Junto con ello, el mandatario valoró el trabajo efectuado por Fernández en torno a los tres ejes de la conmemoración: memoria, democracia y futuro; al tiempo que aseguró que el escritor «jamás justificaría el quiebre de la democracia».
En esa línea, Boric invitó a los presentes a consensuar que «los problemas de la democracia se solucionan con más democracia» y que «ninguna diferencia» puede justificar el «violar los derechos humanos de quienes piensen distinto».
Finalmente, la máxima autoridad del país manifestó su deseo de que dichas premisas sean asumidas de manera «transversal y generalizada», para así que la conmemoración sea «un momento de encuentro y no de más diferencias».
