Para dar cumplimiento a lo anunciado en la pasada Cuenta Pública del 1 de junio, el presidente Gabriel Boric presentó y firmó un proyecto de ley que busca limitar los llamados narcofunerales, a través del establecimiento de nuevos plazos, condiciones y criterios para la realización de las ceremonias y sepulturas. Junto con ello, se busca establecer una nueva metodología para la medición de los riesgos de seguridad y un nuevo catálogo de delitos, cuya ocurrencia en un contexto funerario será mayormente gravada.
La iniciativa se suma a las dos mociones parlamentarias ingresadas para regular esta materia, respectivamente, por parte del Partido Socialista y de Chile Vamos junto con el Partido Republicano.
Por lo mismo, durante la presentación, el mandatario afirmó que dada la transversalidad de la política propuesta, se espera que esta sea «tramitada muy rápidamente» por el Congreso.
Nuevas reglas
En específico, el proyecto de ley propone que, en caso de eventos de riesgo, la totalidad del proceso funerario será efectuada en un plazo máximo de 24 horas desde el fallecimiento, lo que incluye el traslado del fallecido desde el lugar de deceso o el Servicio Médico Legal hasta el recinto de sepultura o cremación.
Asimismo, se propone que las ceremonias o actos fúnebres de este tipo sean efectuados exclusivamente en cementerios o crematorios legalmente autorizados, sin posibilidad de traslados adicionales.
Dichas disposiciones serían aplicadas luego de la emanación de una orden por parte del delegado presidencial regional, quien evaluará el riesgo del funeral en base a un informe técnico emitido por Carabineros. Tanto este escrito como la metodología serían regidas por un reglamento a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
Finalmente, se plantea la imposición de la máxima pena señalada por la ley para los delitos que sean cometidos en el contexto de un funeral de riesgo. Dentro de ellos; se menciona los de interrupción u obstaculización de la circulación en la vía pública; de saqueos en establecimientos comerciales; de riñas o peleas; y de porte de armas o fuegos artificiales.
Respecto de estas disposiciones, el presidente de la República afirmó que pondrán a prueba la eficacia del Estado para responder ante este tipo de eventos.
Finalmente, el mandatario comprometió su voluntad de seguir, junto las fuerzas políticas y sociales, modernizando el Estado y fortaleciendo las policías e instituciones como la Armada, la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Nacional de Aduanas, entre otros.
