Luego de más de un año de trabajo con 47 instituciones del Estado y más de mil representantes de la sociedad civil y organismos internacionales, el Gobierno presentó durante este jueves su Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), la que se enfocará en la gestión interna y el control de fronteras mediante el abordaje de 10 ejes temáticos. Dentro de ellos, destacan el combate contra el crimen organizado, el empadronamiento biométrico de los migrantes en situación irregular, la conformación de un comité interinstitucional para expulsiones, entre otros.
El citado instrumento atenderá 81 objetivos específicos a través de 27 medidas inmediatas, las que serán acompañadas por una agenda legislativa de 15 proyectos de ley a ingresar o que se encuentran en diferentes etapas de tramitación.
El primero en tomar la palabra durante la presentación fue el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien detalló que los 10 ejes que sustentarán la PNME son: regularidad migratoria; reunificación familiar; protección de grupos especialmente vulnerables; desarrollo económico y productivo del país; seguridad, control de fronteras y combate del crimen organizado; multilateralismo; gobernanza y gestión migratoria; respuesta a emergencias y catástrofes; integración y exclusión social; y chilenos en el exterior.
Medidas inmediatas
En lo inmediato, la autoridad política detalló que es relevante el inicio del proceso de la política de empadronamiento biométrico, la que hasta el mes de octubre se centrará en identificar a los extranjeros mayores de 18 años en situación irregular y que hayan ingresado por pasos no habilitados. Para ello, han sido dispuestos 76 puntos de registro, los que han permitido reconocer a alrededor de 183 mil personas.
En lo concerniente a la regularización de los migrantes, el subsecretario Monsalve detalló que, desde ahora, el otorgamiento de residencias estará asociado a contrataciones dentro de sectores que posean «escasez de trabajadores» o a vínculos familiares directos con otros residentes en el país.
También, se agilizará el funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones a través de la generación de un nuevo sistema de atención a los usuarios y de la implementación de un programa para rezagados. Además, se dotará de una «mayor eficacia» a la aplicación de sanciones, especialmente, a las expulsiones.
Convivencia nacional
En lo respectivo al mejoramiento de la cohesión social, se brindará una «prioridad especial» a la protección de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que no posean documentación, mediante el establecimiento de protocolos para la determinación de su filiación; y serán perfeccionadas las medidas de protección para aquellas mujeres que hayan sido expuestas a violencia intrafamiliar o de género.
A ello se refirió la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá.
Por otra parte, se implementará un programa de mediadores interculturales para la resolución de los problemas en los barrios, y se mejorará la cuantificación de los usuarios del sistema de salud, tengan identidad o no, para aumentar los montos «per cápita» asignados a cada servicio.
Asimismo, en el plano educativo se profundizarán los trabajos en aquellos lugares que no poseen matrícula suficiente o cuyos establecimientos cuentan con una infraestructura deficitaria.
El plano legislativo
En cuanto a proyectos de ley, en la instancia se recordó que el Gobierno ingresó el pasado 19 de junio una iniciativa «regula de mejor manera el procedimiento de solicitud de refugio» y que, además, «robustece las capacidades de reconducción en la frontera».
En esa línea, continuarán tramitándose las medidas que buscan renovar la infraestructura fronteriza, lo que incluirá la inauguración de un nuevo puesto de observación en la comuna de Colchane. También, será renovada la tecnología del Servicio Nacional de Aduanas.
Junto con ello, este viernes será ingresado otro proyecto de ley de carácter misceláneo, que aumentará las penas para el delito de trata de personas y agregará exigencias para la entrada al país, como pruebas de conocimiento y el no contar con condenas por violencia intrafamiliar y otros delitos descritos en nuestra legislación. Igualmente, se fijarán multas para las empresas de transportes «que no cuenten con registro de documentación de las personas que trasladan».
Finalmente, el Gobierno anunció que han sido descartadas las «regularizaciones generales», por lo que será el proceso de empadronamiento vigente el que definirá las «modalidades específicas y condicionadas» para tal fin.
Puedes descargar aquí o desde el sitio del Servicio de Migraciones la versión ejecutiva de la PNME.
