Riesgos de incendios, pestilencia por descomposición de materia orgánica, proliferación de vectores sanitarios, daño en la calidad del aire por emisiones de gases de efecto invernadero, degradación de suelos y proliferación de basurales –además del deterioro en la calidad de las aguas superficiales y la influencia de líquidos percolados en las napas–, son sólo algunos de los múltiples impactos negativos sobre la salud y el medio ambiente que puede tener el manejo inadecuado de la basura.
Todas esas problemáticas quedarían atrás, o al menos podrían disminuir significativamente, con la implementación de la Política Pública Regional sobre Gestión de los Residuos Domiciliarios, que fue aprobada por el Consejo Regional (Core Biobío) en diciembre de 2023.
“La región genera más o menos 800 mil toneladas al año de residuos domiciliarios y sólo un 2% se recicla”, dijo Ana Araneda, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Core, al ser consultada sobre el nuevo instrumento que debe ponerse en marcha este año.
La política se elaboró con el propósito de contribuir a la gestión sustentable de los residuos sólidos domiciliarios, a través de medidas de prevención, reducción, valorización y disposición final, con un enfoque de economía circular.
Cabe destacar que según la información disponible en el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminante del Ministerio de Medio Ambiente, a nivel regional las toneladas de residuos no peligrosos de generación municipal han ido en aumento, alcanzando las 745 mil 89 toneladas en 2021.
Sobre el proceso de elaboración de esta hoja de ruta, Araneda mencionó que “es un tremendo desafío, porque todos los países que han hecho este cambio se han demorado mínimo 15 años y, justamente, el gran trabajo es la cultura o la concientización en la gente, de poder separar en el origen los residuos”.
Optimizar la gestión de residuos sólidos domiciliarios (GRSD), reducir la cantidad de desechos que llegan a los rellenos sanitarios, aumentar la revalorización de los desperdicios, e integrar la gestión de la basura en las políticas públicas y proyectos sometidos al sistema de evaluación ambiental, son los cuatro grandes objetivos que persigue esta política pública.
Todos ellos se identificaron tras un diagnóstico elaborado por el Departamento de Planificación y Ordenamiento Territorial del Gore Biobío que evidenció que la realidad de las comunas es dispar: Talcahuano, Concepción y Los Ángeles lideraban el ranking de mayor generación de residuos no peligrosos, con más de 98 mil toneladas cada una en 2021, mientras que Antuco, Tirúa y Quilaco ni siquiera llegaban a las 5 mil.
La implementación de esta política inicia en 2024 y la meta es culminar el proceso en 2035, con acciones que abarcan distintas vías de financiamiento, algunas de ellas ya en curso, por lo que debe reconocer los proyectos actuales y existentes, en el marco de la economía circular.
El plan considera instancias de corto, mediano y largo plazo, como mejoras en las operaciones de los rellenos sanitarios, programas de educación ambiental y la instalación de un modelo que lleve a Biobío a ser una región líder en la gestión de los residuos sólidos domiciliarios.
En ese marco, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Core detalló parte del cronograma establecido.
Para la correcta ejecución de la política se requiere de un monitoreo y seguimiento constante de las acciones que puedan tomar los actores relevantes en la materia, servicios públicos, municipios, y privados, entre otros. Para ello se considera una gobernanza que se encargará de revisar cada año el cumplimiento de las acciones, además de incorporar modificaciones o adaptaciones según la realidad y contingencia del momento, con el objetivo de entregar un instrumento flexible y que permita adaptarse al avance tecnológico.
“Para poder llegar a realizar este seguimiento y monitoreo, necesitamos sin duda una gobernanza”, sostuvo Araneda.
A nivel regional, el gasto en servicios de aseo, recolección de basura y vertederos, respecto del total de ingresos municipales percibidos, es liderado por Talcahuano, Hualqui y San Pedro de la Paz. Según cifras de 2018 a 2022, cada una de estas 3 comunas gasta más del 14% de sus recursos en la gestión de la basura.
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