Pese a que la idea de legislar una nueva Ley de Pesca fue aprobada por unanimidad el pasado 20 de marzo, la tramitación de la normativa no ha sido sencilla ni ha estado exenta de polémica.
Luego de su presentación en diciembre de 2023, y de las sesiones de la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados y Diputadas en diferentes regiones del país, incluyendo Biobío, la solicitud de votar de forma separada los numerales 12 al 87, del artículo 5° del proyecto legal, ingresada por el diputado Sergio Bobadilla (UDI) el pasado 22 de julio, podría dilatar el despacho de la nueva ley desde la instancia legislativa actual al pleno de la Cámara Baja y luego a las comisiones respectivas en el Senado.
Por lo mismo, para el presidente del Directorio de Ferepa Biobío, Cristian Arancibia Chandía, y considerando que cerca del 75% del contenido de la nueva ley es similar o idéntico a la normativa actualmente vigente, este trámite podría haber sido más directo generando una reforma acotada a los puntos más críticos de la llamada “Ley Longueira”: el fraccionamiento de la cuota de pesca y la perpetuidad de los recursos asignados a la industria pesquera.
“Este proceso podría haberse agilizado si el texto hubiese sido medianamente consensuado con los distintos actores del sector pesquero”, agrega Arancibia y reconoce que con todas las indicaciones que hay en la Comisión, más las que se generen en la Sala, y luego en su segundo trámite en el Senado, “de lo que entró al Congreso, podríamos tener en 2 o 3 años un híbrido que puede ser cualquier cosa, menos una ley que proteja la pesca artesanal”.
El nudo del fraccionamiento
La ley vigente consolidó los denominados derechos históricos del sector industrial, creando las Licencias Transables de Pesca clase A (LTP-A), con una duración de 20 años y la posibilidad de ser renovadas. De hecho, se consagró que al menos el 85% de cada pesquería se asignase mediante criterios Históricos (LTP-A), y solo un 15% mediante subastas públicas (LTP-B).
Estos criterios de asignación de la cuota pesquera para el sector industrial son, precisamente, una de las principales críticas a la normativa, por atentar contra la libre competencia. Por lo mismo, la nueva legislación aumenta de un 15% a un 50% el porcentaje de los recursos que se asignan al sector industrial y que deben licitarse, disminuyendo de un 85% a un 50% el porcentaje que se asigna mediante criterios históricos de captura, lo que ha sido fuertemente cuestionado por representantes del sector.
Para el dirigente de Ferepa Biobío es necesario ser cuidadosos en la determinación de las cuotas de fraccionamiento, “por los daños que puede generar al ecosistema pesquero”.
“Si la industria pesquera, que procesa harina y aceite de pescado colapsa, ¿qué van a hacer los sardineros, por ejemplo, que dependen de la industria para generar sus fuentes de ingreso?”, planteó Arancibia.
Para el dirigente, lo relevante es pensar en un cambio de paradigma. “Seguir pensando que los peces van a ser eternos, en la medida en que seguimos explotando el recurso, es un error”.
Finalmente, el dirigente sostuvo que el Ejecutivo, en su afán por invitar a diferentes actores a aportar a esta discusión, ha sumado también las voces de “supuestos líderes de la pesca artesanal, que adolecen de representación territorial y elementos de base para denominarse como representantes”, al contrario de lo que ocurre con Ferepa, que cuenta con una amplia base de trabajadores.
Por último, Cristian Arancibia también se refirió al trabajo realizado junto al Centro Incar para mejorar la productividad de distintas caletas de la región, en el marco de la Ley de Caletas, promulgada en 2017 pero que hasta ahora no se había implementado en la práctica en los territorios.
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