Luego de las divididas votaciones del pasado viernes, el Pleno del Consejo Constitucional reanudó este miércoles las discusiones de los incisos inscritos en el acápite sobre «Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales» del proyecto de Carta Magna. Dentro de lo aprobado, destacan los artículos referentes a la protección de la vida de quien está por nacer, a la expulsión de migrantes y a la reclusión domiciliaria de aquellos reos que poseen enfermedades terminales.

La sesión se preveía tensa dadas las desavenencias entre las bancadas de derecha luego de que el pasado viernes fuera rechazado, en el mismo Pleno, el inciso que establecía que «todo ser humano es persona», acción que contó con cuatro votos en contra de Chile Vamos. Fue el propio líder republicano, José Antonio Kast, quien recordó el hecho en las primeras horas de la mañana, cuando llamó al sector a «enmendar el camino» y respetar los acuerdos plasmados en las unidades de propósito.

Así, una vez fue iniciadas las deliberaciones, el emplazamiento vio sus primeros frutos con la aprobación, por 33 votos a favor y 17 en contra, del primer inciso del artículo 16, que plantea que la ley «protege la vida de quien está por nacer» y, a la vez, prohíbe «la pena de muerte» dentro del territorio nacional.

Para el consejero Luis Silva (PR), ese primer triunfo permite subrayar que «quien crece en el seno materno es alguien», lo que, a su juicio, no generaría incompatibilidades con legislaciones vigentes, como la que regula la interrupción voluntaria del embarazo.

De manera similar, el representante de la UDI en el órgano, Arturo Phillips, enfatizó en que lo aprobado solo busca evitar retrocesos para «el derecho a la protección de la vida».

Por parte del bloque oficialista, la consejera Marcela Araya (PS) acusó que el inciso del artículo 16 aprobado pondría «en peligro» los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en tanto que abriría una nueva vía para «inconstitucionalizar la ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales». 

Misma percepción fue compartida por su compañera de bloque, la consejera María Pardo (CS), quien fundamentó que el cambio en la definición de «el que está por nacer» hacia «quien está por nacer» tendrá efectos en las normas con rango subconstitucional.

Expulsión de migrantes

En lo relativo a los derechos a la libertad personal y a la seguridad individual, el Pleno también aprobó por 34 votos a favor, 15 en contra y una abstención el literal b) del cuarto inciso del artículo 16, que establece que «los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen». Ello, con la salvedad de los casos «de refugio o asilo expresamente contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile».

De acuerdo con el consejero Arturo Phillips (UDI), el literal permitirá la aplicación de una «firme sanción a la inmigración irregular», la que, apuntó, «ya no da para más». 

Asimismo, fue visado dentro del sexto inciso del artículo 16 el que el Estado disponga de una «asesoría y defensa jurídica gratuita» para aquellas personas que hayan sido «víctimas de delitos» dentro del país. Para ello, se planteó la creación de una Defensoría de las Víctimas, la que para la consejera Pilar Cuevas (RN-Evópoli) constituye una demanda muy «sentida por la ciudadanía». 

Reclusión domiciliaria

Otro de los puntos de tensión guardó relación con la votación del literal h) del artículo 16, que establece que las personas condenadas a una pena privativa «podrán solicitar al tribunal competente la sustitución de dicha pena por la de reclusión domiciliaria total siempre que se acredite conforme a la ley, la existencia de una enfermedad terminal y que el condenado no represente un peligro actual para la sociedad».

Dicha norma fue ratificada por 31 votos a favor, 18 en contra y una abstención, luego de un intenso debate en el que el oficialismo advirtió un supuesto intento por liberar a los condenados por violaciones a los derechos humanos. En respuesta a esas acusaciones, el consejero Luis Silva (PR) aseguró que lo acogido solo atiende «razones humanitarias», las que serían aplicables a cualquier reo.

La responsable de la única abstención, la consejera Gloria Hutt (Evópoli), evaluó al respecto que la sustitución de penas planteada a través del literal h) correspondería, en realidad, a una materia de ley, por lo que no debería tener espacio dentro de la nueva Constitución.

Mucho más allá fue la consejera Paloma Zúñiga (RD), quien criticó la «inconsecuencia» de la bancadas de derecha por intentar incluir lo que calificó como «un indulto a los violadores de derechos humanos». 

Cabe destacar que, con mucha menos fricción, el Pleno aprobó durante este miércoles algunas normas relativas a los derechos a la igual protección de la ley y la no discriminación, a la integridad física y psíquica, al acceso a la justicia y al debido proceso, a la no privación de la libertad personal y a la residencia y permanencia en cualquier lugar de la República.

Las deliberaciones dentro del órgano continuarán este jueves 21, con el abordaje de los derechos a la seguridad social, a la vivienda, a la salud, al agua, a la sindicalización, al trabajo decente, entre otras materias.