El Presupuesto 2023 destina cerca de $250 mil millones para el Plan de Reactivación Educativa, con lo que se pretende reforzar las acciones implementadas el año pasado, en tres ámbitos centrales: que los estudiantes asistan a clases, que aprendan lo que requieren aprender, y que cuenten con ambientes de buena convivencia y salud mental.
Para la asistencia y revinculación el trabajo se focalizará en la conformación de equipos territoriales, con la participación de 1.300 profesionales y gestores, que buscarán y traerán de vuelta a las salas de clases a las y los estudiantes que se han visto excluidos.
En entrevista con Radio UdeC, la seremi de Educación del Biobío, Elizabeth Chávez indicó que “hay aproximadamente un 2% o 3% de niños que están realizando sus clases online”.
La segunda medida es la estrategia para el rezago lector en el ámbito del fortalecimiento de aprendizajes, que contempla la entrega de un Kit de Apoyo Pedagógico a todos los establecimientos educativos del país, el que contendrá una evaluación diagnóstica, recursos y materiales que incluyen orientaciones, guías, videos y otras herramientas pedagógicas para los niveles de 2° a 4° básico.
Asimismo, se convocará a más de 20.000 tutores para que trabajen de forma focalizada, para incentivar habilidades de lectura, escritura y comunicación.
Respecto a la convivencia y salud mental, se anunció la ampliación del programa que el Mineduc tiene en esta materia, en alianza con las universidades y equipos territoriales, entregando apoyo psicosocial a cien comunas prioritarias, con cobertura a más 2 mil 100 establecimientos educativos y beneficiando a un millón 200 mil alumnos.
La seremi explicó que en la región, durante 2022, se priorizó el trabajo en seis establecimientos, por lo que se proyecta extenderlo, considerando las características y necesidades de cada comunidad educativa.
Como cuarta medida, se suma la creación de un Consejo para la Reactivación Educativa, el que entregará recomendaciones que enriquezcan el plan. Es un espacio transversal conformado por 23 representantes del sector educativo, político, de la sociedad civil y de organismos internacionales, que contribuirá a abordar este desafío. La instancia generará un informe que consolidará sus recomendaciones y que será presentado al país durante el primer semestre de 2023.
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