La Corporación Miles Chile y la organización internacional Women’s Link Worldwide hicieron un llamado urgente a la Relatoría sobre el Derecho a la Salud de las Naciones Unidas y a la Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Relatoría DESCA- CIDH), entre otros organismos internacionales, para que le exijan a Chile tomar medidas urgentes para resolver las fallas en la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva que se han venido otorgando desde octubre de 2019.

En 2020, la situación se agravó con el inicio de la pandemia del COVID-19 y ha tenido consecuencias graves sobre la salud y el proyecto de vida de más de un centenar de mujeres que recibieron anticonceptivos defectuosos de parte del sistema de salud chileno y ahora están embarazadas. Incluso, algunas de ellas ya tienen hijas e hijos nacidos vivos.

De las 112 mujeres que han sido asesoradas legalmente por la Corporación Miles Chile desde octubre de 2020, después de que fue dada a conocer la información sobre los anticonceptivos defectuosos, 111 están o estuvieron embarazadas, y la única mujer que no quedó embarazada desconfía de los métodos anticonceptivos que le provee su sistema de salud. Las relatorías de Naciones Unidas y de la CIDH ya tienen información detallada de 12 de las 30 mujeres que hasta ahora han accedido a presentar esta acción urgente.

Se estima que en todo el país han sido distribuidos más de 250.000 blíster (paquetes con 28 píldoras anticonceptivas) con problemas de composición, pertenecientes a la marca Anulette. Posteriormente, y también por problemas de composición, fueron retiradas del mercado otras dos marcas de anticonceptivos: Minigest 15 y Minigest 20. De acuerdo con la información solicitada por la Corporación Miles, el número de unidades de estas últimas distribuidas con el defecto fue de 4.790.

“Todas las mujeres que hemos asesorado coinciden en que la información entregada por las autoridades de salud fue insuficiente, pues no les permitió enterarse a tiempo del problema con los anticonceptivos, ni les dejaba claro qué debían hacer ni a quién debían acudir para el seguimiento de sus casos. A quienes quedaron embarazadas, el sistema de salud no les ha informado de las alternativas que tienen e incluso a algunas de ellas les ha negado la interrupción legal del embarazo a la que podrían acceder en este caso porque les está afectando su proyecto de vida y su salud”, asegura Laura Dragnic, abogada de la Corporación Miles Chile.

Nacionalmente se han iniciado recursos administrativos y judiciales que hasta ahora, dada su naturaleza, no han respondido a las necesidades urgentes que tienen las mujeres afectadas, en su mayoría de escasos recursos socioeconómicos, algunas de las que se vieron forzadas a asumir un embarazo no planeado que les ha generado consecuencias sobre su salud física y depresión, entre otros; y otras consecuencias sociales que han impactado su vida, como tener que renunciar a sus estudios, ser despedidas de sus trabajos o estar en riesgo de perderlos.

“Estamos ante tres hechos graves de discriminación contra las mujeres chilenas que ameritan la actuación urgente de organismos internacionales. Por un lado, la situación de las mujeres a las que les suministraron anticonceptivos defectuosos; por otro, la falta de stock de anticonceptivos y barreras de acceso a servicios esenciales, incluido el aborto legal, que se vienen agravando desde el estallido social de 2019 y con la actual pandemia; y, por último, la inacción del estado para resolver estos problemas. Esperamos un llamado de atención a Chile para que en adelante respete y garantice el acceso oportuno y de calidad a todos los servicios y medicamentos de salud sexual y reproductiva que requieren las mujeres del país”, precisó Estefanny Molina, abogada de Women’s Link Worldwide.

Las solicitudes

En su comunicación, Women’s Link Worldwide y la Corporación Miles Chile le solicitan a las relatorías de Naciones Unidas y de la CIDH:

Llamar la atención del Estado Chileno sobre la importancia de respetar y garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y oportunos. Esto implica:

i) Suministrar métodos anticonceptivos que cumplan con criterios de seguridad y eficacia.

ii) Acompañar a las mujeres que decidan seguir adelante con sus embarazos, tanto durante la etapa de gestación como para la realización de sus proyectos de vida (educación, nutrición, alternativas laborales, etc).

iii) Permitir el acceso, sin barreras, a la interrupción legal del embarazo.

iv) Informar amplia, activa, clara y oportunamente sobre los servicios de salud sexual y reproductiva a los que pueden acceder las mujeres en el país y/o las fallas en la prestación de los mismos.

Exigir mayores controles de calidad sobre los servicios y medicamentos que tienen impacto sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres, especialmente la fabricación de métodos anticonceptivos y el acceso a los servicios de interrupción legal del embarazo.

Iniciar investigaciones sobre la adjudicación de las licitaciones para el suministro de pastillas anticonceptivas en el sistema de salud, y sobre la ruta de distribución de las pastillas defectuosas.