Flor Gabilán y Claudina Yáñez son parte de la Cooperativa de Productores de Ají Merkén de Santa Juana, integrada hoy por 12 familias campesinas del valle de Catirai, en la Provincia de Concepción, región del Biobío.
En 2016, decidieron asociarse y producir en conjunto ají merkén, trabajo que fue reconocido por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile, que las destacó como guardianas de semillas y promotoras de la técnica ancestral de producción de este condimento, lo que quedó registrado en el libro Vida e historia del Merkén de Santa Juana, Valle de Catirai.
“Partimos en el Prodesal de Santa Juana (Programa de Desarrollo Local que ejecutan INDAP y el municipio local). El técnico que teníamos, Robinson Sandoval, estaba haciendo su tesis y el tema era el ají. A la universidad le gustó el proyecto y decidieron hacer el estudio. Ahí empezó a juntarse gente de varios sectores. Llegamos a ser como 60 personas y estuvimos tres años en eso, hasta que algunos decidimos formar la cooperativa”, cuenta Flor Gabilán.
Guiados por una consultora, escogieron ese modelo de empresa para seguir avanzando. Destacan que uno de los beneficios ha sido poder postular a proyectos en forma asociativa. A través de INDAP obtuvieron una sala de procesos, una bodega y su resolución sanitaria.
Cada socio produce el ají y lo vende a la cooperativa, donde se hace el proceso final para convertirlo en merkén envasado y etiquetado con la marca Catirai. El producto lo comercializan en tiendas de Concepción, en los Mercados Campesinos de INDAP y en diferentes ferias en las que participan. Tienen tres variedades: picante (con ají huaipe), muy picante (huaipe más cacho de cabra) y extra picante (puta madre)
En febrero de este año los megaincedios que afectaron a la zona centro-sur del país impactaron en el crecimiento del negocio. Inés Olate, presidenta de la cooperativa, y otras dos socias perdieron todo, tanto a nivel personal como maquinaria, sala de procesos y plantaciones. “No quedaron ni con un azadón”, dice Flor.
Otros socios vieron afectados sus sistemas de riego y sus negocios individuales, también vinculados al rubro agrícola. “Estamos pensando en cómo vamos a seguir regando, porque las mangueras se quemaron. Como trabajamos orgánico, no usamos agua de los ríos, porque es muy sucia, sino que de vertientes, que son más sanas”, cuenta la agricultora.
Tras los incendios, fueron catastrados y la mayoría recibió los bonos entregados por el Ministerio de Agricultura a través de INDAP, de 1 y 3 millones de pesos, con lo que pudieron recuperar parte de su equipamiento y salvar algo de la producción. “La mayoría de las socias está con menos de un 50% de la producción”, indica Gabilán.
El sello que le han dado a su producto, gracias al riego con vertientes y a que las plantas provienen de semillas protegidas, les impide comprar ají a otros agricultores. “Sería mentirle a la gente, porque no sabemos cómo lo hacen ellos. Además, no sabemos si son de las variedades que nosotras trabajamos”, dice Claudina.
Sumado a los incendios, las inundaciones de junio pasado añadieron un nuevo obstáculo: “El sector de las vegas, donde más se produce ají, quedó todo inundado, llegó sedimento de los cerros y se vino adonde producimos, así que no sabemos cómo va a ser la producción el próximo año”, relatan.
Hoy los agricultores afectados están en etapa de catastro, para luego recibir financiamiento para rehabilitación, de acuerdo a lo anunciado por el gobierno.
Pese a estas adversidades, las familias de Catirai se esfuerzan para mantener activa su cooperativa, brindándose apoyo mutuo y aportando su producción para seguir funcionando en forma asociativa. “Las expectativas son trabajar a como dé lugar. Buscar apoyo con el tema del regadío, el abono y volver a plantar”, concluye resiliente Claudina.
