Un conjunto de diligencias y allanamientos fueron efectuados este jueves por la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones en la oficina central del Ministerio de Vivienda de Urbanismo (Minvu) en Santiago, en el marco de la investigación que la Fiscalía lleva a cabo con motivo de los millonarios convenios suscritos en Tarapacá con las fundaciones Enlace Urbano y En Red. El procedimiento fue acordado con el titular de la cartera, Carlos Montes, quien frente a las críticas reiteró su decisión de no abandonar el cargo.
Las incautaciones fueron solicitadas por el fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, quien acotó la búsqueda a las dependencias de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, la División de Política Habitacional y el Departamento de Asentamientos Precarios.
De acuerdo con la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, las diligencias se inscriben en la causa iniciada el 14 de agosto de 2022 por «una denuncia que el mismo ministro interpuso contra un exfuncionario» y contra las mencionadas fundaciones. Dicha acción, agregó la secretaria de Estado, se condice con las otras que la cartera y el Ejecutivo han emprendido para «enfrentar con mucha responsabilidad y seriedad el Caso Convenios».
Oficios y peticiones de renuncia
Posteriormente, el ministro Montes tomó la palabra para detallar que la medida de allanamiento fue adoptada por la Fiscalía luego de que el Minvu respondiera oportunamente a solo tres de los cuatro oficios enviados. De acuerdo con el titular, la cartera sí estaba al tanto de ese cuarto requerimiento, pero la funcionaria a cargo de remitir habría confundido los antecedentes.
Junto con reiterar que el interés del Ejecutivo no es otro que «llegar al fondo de todas las cosas» y que «se sancione a los responsables», el secretario de Estado aseguró que los ilícitos denunciados se relacionan con «un modelo de operación» incorporado al Programa de Asentamientos Precarios a partir de 2019.
La misma modalidad, continuó Montes, habría sido detectada e investigada por el Minvu, que luego reportó los hallazgos a la Contraloría General de la República. «No es verdad que en cada región del país hay un Democracia Viva», enfatizó la autoridad, «lo que sí hay es faltas administrativas, que las tenemos bastante precisadas».
Consultado por las diferentes críticas y peticiones de renuncia levantadas por la oposición, el socialista aseguró que las mismas se fundan en un desconocimiento de «los antecedentes de fondo» y de su rol como «testigo» dentro la causa.
Ya avanzada la tarde, el fiscal Eduardo Ríos detalló que la información recabada se relaciona con los procesos administrativos asociados a los convenios investigados, mismos sindicados por el Minvu en su denuncia de agosto de 2022.
Según consigna Emol.com, el exfuncionario acusado en dicha oportunidad es Aldo Bastidas, arquitecto que habría ingresado en 2008 a la repartición y que, tras diez años, habría sido nombrado como analista del Departamento de Asentamientos Precarios de la Subsecretaría de Vivienda, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
Luego de su renuncia en mayo de 2022, se constató que Bastidas ejerció, paralelamente a su cargo en el Minvu, como jefe técnico de la fundación En Red, lo que implica la existencia de un doble rol en la postulación y la asignación de los recursos.
Fotografía: Archivo Diario Concepción
