Diputados alineados con Revolución Democrática (RD), Convergencia Social (CS) y Comunes oficiaron al Servicio Electoral (Servel) y presentaron ante la Fiscalía Nacional una denuncia por el delito de perjurio en contra de la presidencia del Partido de la Gente (PDG) y su candidata a consejera constitucional, Karla Añes, por no informar sobre su condena por tráfico de drogas. Mientras los últimos llamaron a preferir a los «otros tres candidatos» que la colectividad mantiene por la región de Arica y Parinacota, desde el servicio estatal comprometieron una investigación interna al respecto.
El respectivo punto de prensa fue liderado por la diputada Catalina Pérez (RD), quien sostuvo que «Chile no se merece candidaturas que no tengan estándares mínimos de probidad y transparencia». Dentro de sus fundamentos, la expresidenta de Revolución Democrática apuntó que Añes no podría haberse presentado a elección por la pena de inhabilidad perpetua para ejercer en cargos y oficios públicos que le fue otorgada en 2011 por el 4º Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.
En esa línea, Pérez llamó a los partidos políticos a asumir «la responsabilidad que les corresponde» ante situaciones de esta naturaleza.
En cuanto al oficio dirigido al Servel, se detalló que busca determinar cuál es la responsabilidad del organismo en lo relativo a la revisión de los antecedentes de cada uno de los candidatos y, además, conocer qué soluciones serán presentadas al respecto.
A dicha denuncia se sumó la querella que durante este viernes presentó el abogado Winfried Hempel en contra del presidente del Servel, Andrés Tagle, por no haber denunciado en un plazo de 24 horas el delito de quebrantamiento de condena «previsto y sancionado en el numeral 5 artículo 90 del Código Penal (…) en su calidad de funcionario público».
Los descargos
En respuesta a los cuestionamientos, el presidente del Servicio Electoral anunció una investigación interna para aclarar qué fue lo concretamente informado a la entidad y por qué la condena fue erróneamente calificada, en 2012, como general en los registros, y no como una asociada al delito de narcotráfico.
Asimismo, Tagle calificó como un «acto contrario a la buena fe» el que Añes haya declarado, bajo juramento y ante notario, que su candidatura al Consejo Constitucional cumplía con todos los requisitos constitucionales.
Posteriormente, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, tomó la palabra para explicar que, en el caso de que Añes obtenga alguna mayoría, su elección podría ser reclamaba ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Recordemos que durante la mañana de este viernes el secretario general del PDG, Emilio Peña, afirmó ante CNN Chile que su colectividad ya habría «declinado» la cuestionada candidatura «de manera formal», por lo que llamó a los electores a preferir a los «otros tres candidatos (de su partido) que podrían absorber directamente esos votos».
