A pocos minutos del inicio de las votaciones en particular de la Ley de Presupuestos 2024, las diputadas de la bancada socialcristiana anunciaron el ingreso de una acusación constitucional en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, por su eventual responsabilidad política en el marco del Caso Convenios. Si bien el texto cuenta con las firmas necesarias para su presentación, los partidos de oposición adelantaron que no apoyarán un libelo mientras no se conozcan los contenidos del informe de la comisión investigadora.
La jornada inició mal para el Ejecutivo en la Cámara Baja, ya que nuevamente la directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Javiera Martínez, fue impedida de ingresar a la Sala donde se votaban las primeras partidas de la Ley de Presupuestos 2024, con los votos en contra de los diputados Cristián Labbé (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli) y de los republicanos Johannes Kaiser, Juan Carlos Meza y Harry Jürgensen.
Sin embargo, la gran noticia de la jornada fue revelada de manera paralela a la sesión y por parte de la bancada socialcristiana, colectividad que, en la voz de la diputada Francesca Muñoz (PSC), llamó al Congreso a cumplir con su rol «de fiscalización» frente a los antecedentes que involucran al Minvu en el Caso Convenios y a exigir la responsabilidad política del titular de la cartera, Carlos Montes. Con lo anterior, detalló la representante, la corporación daría «una señal clara en contra de todos los delitos que se saben y se conocen».
Misma idea fue reforzada por la parlamentaria independiente, Yovana Ahumada, quien confirmó que el libelo ya cuenta con las 10 firmas necesarias para su presentación ante el Congreso.
Sin apoyos
Justo después del anuncio, los diputados de la UDI ofrecieron un punto de prensa en el que su jefe de bancada, Guillermo Ramírez, aseguró que la colectividad «no va a apoyar» ni prestar «ninguna firma» en favor del texto, puesto que el mismo podría entregar una señal «errada» a la ciudadanía de que se busca «favorecer a alguna de las opciones del plebiscito». Por el contrario, el parlamentario planteó que su partido privilegiará la vía «penal», en atención a las diferentes acciones presentadas «en prácticamente todas las regiones del país».
De manera similar, el representante republicano, Agustín Romero, anticipó que aunque su bancada va «a estudiar los antecedentes» asociados al libelo, los esfuerzos de sus representantes estarán puestos en el plebiscito constitucional, en el presupuesto 2024 y en responder ante los desafíos planteados por las crisis de seguridad y de inmigración irregular.
Desde el oficialismo, en tanto, la diputada Daniella Cicardini (PS) enfatizó en que el ministro Carlos Montes «no tiene nada que temer (…) ni esconder», puesto que su disposición ha sido, «desde el primer minuto», la de «colaborar, fiscalizar y entregar» todos los antecedentes requeridos por los organismos investigadores.
De la misma manera, el diputado Luis Cuello (PC), calificó como «caprichoso» el anuncio hecho por la bancada socialcristiana, puesto que, a su parecer, el mismo llega «sin contenido» y sin la alusión a «ninguna causal» contemplada en la Constitución.
Más tarde, otras bancadas declararon sus posturas frente al libelo. Por ejemplo, el diputado Francisco Undurraga clarificó que Evópoli todavía se encuentra a la espera del «informe de la comisión investigadora» constituida con ocasión del Caso Convenios, por lo que, de momento, su colectividad no estaría disponible para apoyar una acusación en contra del ministro Montes.
Del mismo modo, el diputado Frank Sauerbaum reconoció que si bien Renovación Nacional no ha descartado «ninguna medida», actuará cuando tenga «todos los antecedentes en la mano» para, de esa forma, evitar enrarecer el ambiente y ser «injusto con quienes hoy día podrían no tener responsabilidad».
