Por: Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico Regional Concepción. 

Los seres humanos tienen derecho a manifestarse, derecho a la vida y cada Estado tiene la obligación de velar por el respeto de esos derechos y otros más que configuran los Derechos Humanos.

Las violaciones a los DDHH son ejercidas por agentes del Estado y se extienden por todo el mundo. Es un hecho innegable y así lo demuestran informes de diversas organizaciones internacionales respetables por la solidez de su trabajo desarrollado durante décadas.

El joven de 16 años lanzado desde la altura del puente Pío Nono al lecho pedregoso del Río Mapocho en Santiago de Chile es hoy el tema emergente, la contingencia del momento. La tecnología actual nos muestra imágenes que apuntan a la acción de un uniformado de Carabineros, lo que pone en el tapete nuevamente el tema de las violaciones a los Derechos Humanos en el país.

Hace casi un año lo contingente eran proyectiles mutilando la visión de los manifestantes del Estallido Social…

Hechos como éstos movilizan emociones, aprietan los corazones, revuelven las vísceras y se vocifera, la sociedad convulsiona y levanta la voz, denunciando los hechos, pidiendo verdad, justicia, reparación y que no se repita la misma desgracia… o alguna similar; pero da la impresión de no aprender de las tantas historias tristes de nuestro propio país.

Lo tradicional es pedir la identificación de los hechores, la renuncia de las autoridades. Y lo tradicional es que las autoridades anuncien el esclarecimiento de los hechos y que los responsables serán castigados, y debemos reconocer que en eso suelen ser acuciosos, pues siempre será bueno para la imagen pública tener un chivo expiatorio que exhibir con el afán de calmar los ánimos y a la vez cumplir al menos con una parte de la legalidad.

Según los registros que circulan gracias a la tecnología actual, todo apunta como responsable a un uniformado de Carabineros. Será el trabajo judicial el que dilucide los detalles.

Como sociedad rasgamos vestiduras, denunciamos, vociferamos, lamentamos, nos desgastamos, nos frustramos. Algunos se van descolgando con el tiempo, pocos siguen enarbolando sus demandas, Mientras los gobiernos de turno han cuidado su imagen, lo tradicional es dilatar los temas, confiando en que el tiempo cansa los ánimos, mientras la frágil memoria colectiva olvida nombres, gritos, demandas…

¿A quién emplazamos?

A las autoridades por supuesto, son los primeros responsables de hacer cumplir la ley. Recordemos que el gobierno tiene un organismo oficial a cargo de situaciones como las que analizamos y el nombre mismo lo dice: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Al mismo tiempo, surge la pregunta de si nosotros –los ciudadanos comunes y corrientes– haremos algo más que tomar conocimiento, pedir que rueden cabezas o rasgar vestiduras.

La postura de hacer denuncia requiere sin duda de valentía pues implica la exposición de quien da a conocer las inequidades.

Proponemos pedir verdad, justicia, reparación y más que eso, que no se repitan las violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos como lo muestran la represión a las manifestaciones ciudadanas. Exijamos la aplicación efectiva de los tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito, como, por ejemplo, la Convención Contra la Tortura.

Ya en la publicación de Radio UdeC del 14 de Agosto de 2020, nuestro integrante Víctor Martin nos mostraba el tema de las letras muertas de nuestra ley diciendo: “A casi 33 años de suscrita la Convención Contra la Tortura, cabe preguntarse: ¿Cuánto y con qué eficiencia se ha aplicado la Parte 1, Art. 10, inciso 1 de dicha convención? El texto plantea que Todo Estado parte velará porque se incluyan una educación y una información completa sobre la prohibición de la tortura en la formación profesional del personal encargado de la aplicación de la ley, sea éste civil o militar, del personal médico, de los funcionarios públicos y otras personas que puedan participar en la custodia, el interrogatorio o el tratamiento de cualquier persona sometida a cualquier forma de arresto, detención o prisión”. Pero, ¿cuánto es letra muerta?

Como Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico Regional Concepción invitamos a asumir el hecho de que
todos y cada uno conformamos el Estado de Chile y, por tanto, al no estar ajenos a las violaciones a los Derechos Humanos, exijamos el cumplimiento verdadero de Educar en Derechos Humanos a toda persona que deba actuar en la detención de conciudadanos.