Por Karin Castro Sepúlveda, Administradora Pública e Investigadora asociada en CreaSur y María José Benavente Bargetto, Administradora Pública, Magíster en Política y Gobierno e Investigadora asociada en CreaSur

Luego de más de una década de discusiones sobre la creación de leyes que permitan una mayor descentralización para las regiones en Chile, al fin con la dictación de la Ley N° 21.073 que Regula la elección de gobernadores regionales y realiza adecuaciones a diversos cuerpos legales, se logra avanzar con lo que significa la descentralización en el ámbito político y que se materializó el 15 y 16 de mayo 2021 con la primera vuelta de las elecciones de dichas entidades y luego el 13 de junio con la segunda vuelta para definir los/as faltantes.

La elección de estas autoridades regionales es un muy buen comienzo para que en cada región exista un/a representante de la misma ciudadanía que habita en el territorio y en quien puedan expresar sus necesidades. Sin embargo, los desafíos que implican asumir un cargo tan importante se tornan cada vez más complejos.

Las competencias y funciones que tendrán los gobernadores regionales, plasmadas en la Ley N°21.074 sobre el Fortalecimiento de la Regionalización del país, serán acotadas y con un mecanismo de traspaso de competencias con un enfoque centralista que deja a criterio de Ministros/as y el/la Presidente la voluntad de transferir competencias.

Además de esta advertencia de discrecionalidad en el traspaso progresivo de las competencias que podría verse afectada por el color político del gobierno de turno, existen otras que también dan cuenta de posibles tropiezos en la práctica.

Por un lado tenemos una duplicidad de funciones entre el Delegado Presidencial y el Gobernador Regional en la coordinación y fiscalización de los servicios públicos del territorio y en la gestión de emergencias. Por otro lado, dos puntos relevantes que sugieren una importante complejidad en el cohabitar de estas dos nuevas figuras en el territorio regional, son la administración de los recursos y las competencias en materia de orden y seguridad. El Gobernador Regional no tendría suficientes atribuciones en ambas materias ya que en el caso de los recursos sólo dispone del FNDR (Fondo Nacional de Desarrollo Regional) pero el Delegado Presidencial al ser un superior jerárquico de las Seremis podría tener un mayor control en la inversión sectorial, que son de mayor cuantía que los recursos regionales.

En cuanto a materias de seguridad y orden la ley establece que es el Delegado Presidencial quien tendría atribuciones para requerir el auxilio de la fuerza pública en el territorio y velar por el orden público.

Como se advierte al comienzo, al no poder superar un enfoque centralista y conservador en materia de descentralización efectiva en nuestro país, no queda más que confiar en la voluntad de colaboración de los actores políticos tanto del nivel regional como central, los que deben superar la actitud competitiva y antagónica por una capacidad de negociación efectiva que permita tender puentes para el beneficio regional.

Sin embargo, es lamentable cómo el escenario se vuelve poco esperanzador al tener señales de obstrucción desde el gobierno nacional con la dictación del Decreto 0962EE del 5 de julio 2021 que indica la modificación de presupuesto vigente, y que va en desmedro del financiamiento planificado para los programas de inversiones que pudieran realizar los Gobernadores Regionales recién electos de trece regiones (Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén, Magallanes), que si bien es cierto, el ejecutivo comunica su anulación luego de las diversas críticas que recibieron, deja en evidencia la poca prioridad de inversión al proyecto de desarrollo regional para las nuevas entidades regionales.

Lo anterior hubiese implicado que, además de las funciones limitantes de los Gobernadores, éstos contarán con un presupuesto reducido para invertir en la región.

Para lograr una descentralización efectiva es urgente tener una actitud colaborativa y predispuesta a la gobernanza, de lo contrario no se podrá avanzar con otros ámbitos de la descentralización que son igual de importantes, como lo es la descentralización administrativa y fiscal, ya que de lo contrario resultará un proceso acéfalo e ineficiente que no permitirá implementar las agendas políticas que con fuerza se impulsarán desde el territorio.