Dra. Carolina Cepeda Másmela
Profesora asistente del Departamento de RRII de la Pontificia Universidad Javeriana
Integrante de la Red de Politólogas
Desde el pasado 28 de abril Colombia vive un pico muy alto de movilización social después de una jornada de para nacional convocada para expresar el descontento generalizado frente al proyecto de reforma tributaria del gobierno de Iván Duque (Centro Democrático) y exigir que fuera retirado. Esto ocurrió cuatro días después, el 2 de mayo, luego de fuertes manifestaciones y una respuesta policial abusiva, pero las protestas no han cesado. El retiro del proyecto de reforma estuvo acompañado de una fuerte represión estatal que según la ONG Temblores deja como saldo hasta ahora (7 de mayo) más de 37 víctimas de violencia homicida, 234 víctimas de violencia física, 934 detenciones arbitrarias y 11 víctimas de violencia sexual, todas por parte de la fuerza pública. Adicionalmente, la Unidad de Personas Desaparecidas reporta 379 personas desaparecidas entre el 28 de abril y el 5 de mayo.
Ahora bien, las causas de estas protestas en Colombia tienen son más profundas y van más allá del contexto inmediato de oposición a una reforma tributaria y rechazo a la violencia por parte del Estado. Es erróneo tratar de entender este proceso de movilización como un simple descontento y dejar de lado otros factores importantes que deben incluirse en el análisis para entender los cambios profundos que está teniendo la sociedad colombiana.
Colombia es un país con una fuerte tradición de organización social pero con una menor de protestas masivas y multitudinarias, como las que se han registrado desde 2019. Sin embargo, desde 2011 se observa un cambio y es la mayor frecuencia de protestas y manifestaciones masivas: las movilizaciones estudiantiles de 2011 y 2012, el paro agrario de 2013, las movilizaciones por el acuerdo de paz en 2016, la minga indígena en 2018 y el paro nacional de 2019, por mencionar solo algunos ejemplos en la última década. En ese sentido, es importante entender que la sociedad colombiana vive un proceso de movilización social de más largo aliento que debe incitar preguntas sobre los canales de comunicación Estado-sociedad, causas profundas de la movilización, sectores movilizados y proceso democratizador.
Esta especie de renacer de la protesta social en Colombia coincide con el proceso de paz con la exguerrilla de las FARC y el acuerdo final que se alcanzó en 2016. En este marco se crearon oportunidades para la movilización social en el país como la visibilización de conflictos sociales por fuera de la clave del conflicto armado, la apertura de canales de diálogo y participación, y el quiebre del discurso dominante que ligaba la protesta social con la lucha guerrillera, todo lo cual contribuyó a que la sociedad en general, y los jóvenes en particular, le pierdan el temor a la movilización social. Pese a ello, la llegada al poder de Iván Duque en 2018 ha impuesto una serie de obstáculos para la implementación del acuerdo de paz que, entre otras cosas, ha implicado un cierre de los canales de diálogo, una (re)criminalización de la protesta social y el desconocimiento de las demandas subyacentes a esta.
Así, por indignante que resulte la represión y el abuso policial de la última semana este no es sorprendente. Desde 2019 el gobierno nacional se ha negado a reconocer la protesta social como una forma válida de participación política y ha intentado enmarcar a los manifestantes como enemigos antes que como ciudadanos activos y opositores legítimos. Ejemplos infames de esta negación son actos de violencia como el disparo de un agente del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional) que le costó la vida a Dilan Cruz, un estudiante secundario, el 23 de noviembre de 2019 y los disparos por parte de la policía contra manifestantes en las protestas contra la brutalidad policial en Bogotá de septiembre de 2020.
En este contexto, la respuesta del Estado colombiano lejos de mostrar fortaleza del gobierno nacional da a entender que hay un agotamiento creciente de su discurso, que intenta entender todos los problemas sociales en clave de seguridad y enmarcar las grandes problemáticas nacionales en el lente amigo-enemigo (buenos y malos). Esto es evidente no solo en la represión sino también en la exclusión de amplios sectores movilizados del “gran” diálogo nacional recientemente convocado, lo que da pistas de un gobierno en estado de negación que no quiere ver ni comprender los grandes cambios que se están gestando desde lo más profundo de la sociedad.
Este proceso largo de movilización social en Colombia pone en evidencia una heterogeneidad de demandas que incluyen, entre otros, asuntos medioambientales, derechos humanos, sustitución de cultivos ilícitos, distribución de la riqueza y democratización de la sociedad. Esta diversidad, por supuesto, también supone un gran reto a la hora de identificar interlocutores claros desde los mismos manifestantes y por parte del gobierno. Sin embargo, esto no debería interpretarse como un obstáculo para abrir canales de diálogo y participación sino más bien como una oportunidad reconocer otras formas de organización y participación política cuyas visiones de mundo pueden ser fundamentales para la construcción de un orden social más justo.
*Imagen: RTVE.es
