La Ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, promulgada el 6 de marzo de este año, tiene por finalidad establecer un estatuto con énfasis en aquellos derechos humanos reconocidos en la Constitución Política, la Convención sobre Derechos del Niño, los demás tratados internacionales ratificados por Chile, y en las leyes.
Para estos efectos, se crea un Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, que estará integrado por el conjunto de políticas, instituciones y normas destinadas a respetar, promover y proteger el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, cultural y social de los niños, niñas y adolescentes, hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado.
Al respecto, Cecilia Pérez, directora del Programa Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y Adolescencia (PIIA) de la UdeC, mencionó que la ley «era una deuda del Estado» y que «se necesitan instituciones que den cuenta de la nueva realidad de todos los niños en el país, de todos los tipos de relaciones con los niños (…) y eso tiene que estar articulado como una red de protección».
Hace unos días la UNICEF manifestó su preocupación por un eventual debilitamiento de la institucionalidad de infancia en la nueva Constitución -con motivo de la discusión en la Comisión de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional-, donde se está debatiendo la creación de una Defensoría del Pueblo, con una defensoría especializada en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, y la supresión de la Defensoría de los Derechos de la Niñez.
Sobre ese punto, la académica de Trabajo Social UdeC expuso que «históricamente, la institucionalidad de infancia en Chile, y en todos los países que empezaron a preocuparse desde el Estado por los niños, es precararia, porque está centrada en los niños con problemas, abandonados o vulnerables».
Al ser consultada sobre el rol de la Defensoría, creada en 2018, sostuvo que su función es primordial, debido a que se necesita de una entidad «que mida que no haya ninguna posibilidad de arbitrariedad, incluso de los actos del Estado».
Las propuestas programáticas de Gabriel Boric apuntan a una protección integral de derechos de la niñez y adolescencia, con un fortalecimiento del programa Chile Crece Contigo, la implementación del Sistema de Garantías de Derechos de la Niñez, relevancia en el Plan de Acción de Niñez y Adolescencia sin regresividad presupuestaria, y con un plan de corto plazo para la ejecución de medidas que enfrenten las diversas afectaciones producto de la pandemia.
En esa materia, Pérez comentó que «lo que se haga este primer año es muy fundamental, y una forma de mirarlo tiene que ver con la prioridad, y eso en política y en gobierno se traduce en los presupuestos nacionales».
La nueva ley establece que la familia, órganos del Estado y sociedad se encuentran principalmente obligados a respetar, promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, señalando en qué términos se traduce este deber para cada uno de ellos.
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