Con la segunda vuelta de gobernadores ya concluida, el proceso electoral de 2024 se da por cerrado. Uno de los saldos negativos que dejaron los resultados fue la ausencia de mujeres en la cabecera de los gobiernos regionales. Si en 2021 tres gobernadoras resultaron electas, las últimas votaciones terminaron sin representación femenina en este cargo.

Pareciera ser que no es un caso aislado, puesto que la situación se repite en las alcaldías. Solo 61 mujeres lograron obtener el cargo, en contraste con los 284 hombres que se quedaron con el sillón municipal. A pesar de esto, la cifra supone una mejora: en 2016, solo eran 41; después, en 2021, ascendieron a 60.

¿Qué hay detrás de la exclusión?

Sobre los motivos detrás de estos datos, la doctora en Psicología Social, Pamela Vaccari, señala la influencia de “factores culturales, falta de apoyo y financiamiento”, sumado a una red de contactos menos extendida en comparación con sus contrapartes masculinas. Sobre lo último, agregó que las mujeres “tuvieron que dar una feroz lucha por ese espacio”.

Respecto a la misma arista, Susana Riquelme, jefa de carrera de Administración Pública y Ciencias Políticas UdeC, argumenta que “aunque las mujeres puedan acceder al espacio político, enfrentan barreras para ser seleccionadas en distritos competitivos”. En esta misma lógica, responde que “la baja representación es resultado de estructuras profundamente arraigadas que obstaculizan el acceso y permanencia de las mujeres en el poder”.

Respecto al rol de los partidos políticos en este proceso, acusa que se priorizan las candidaturas masculinas en distritos estratégicos y se relega a las mujeres a campañas simbólicas o distritos perdedores.

Dentro de las particularidades de este fenómeno, una de las aristas discutidas es la brecha de género existente en las comunas rurales. Riquelme recalca que, en estos casos, “las mujeres enfrentan una doble exclusión: por su género y por la centralización de los recursos políticos en espacios urbanos”.

Alejandra Brito, historiadora y profesora titular de los departamentos de Historia y Sociología UdeC, complementa que esta situación puede darse por las tradiciones culturales de este tipo de localidades.

“Dificulta la incorporación de miradas y problemas sociales”

En cuanto a las consecuencias que puede tener la subrepresentación de mujeres en política, Vaccari destacó que hay temas como la salud reproductiva, la violencia de género y las políticas de cuidado que pueden ser más atendidos cuando hay injerencia femenina en la toma de decisiones.

De esta manera, la menor representación de mujeres también implica menos posibilidades de exponer ciertas realidades. Brito añade que “dificulta la incorporación de miradas y problemas sociales”, puesto que sin una diversidad de puntos de vista, se obtiene una comprensión limitada.

Riquelme, por su parte, argumenta que este problema va más allá de la voluntad de los partidos, sino que responde a una estructura de poder.

Leyes de igualdad y fiscalización

Dentro de las medidas que se han tomado para reducir este fenómeno, Brito menciona la ley de cuotas, implementada en 2015 para las elecciones parlamentarias, y la ley de paridad, que se utilizó para la elección de convencionales constituyentes. Sobre la primera, comenta que si bien fue importante en su momento y permitió un aumento en cuánto a la cantidad de mujeres en el parlamento, no ha dado los resultados esperados.

Por otro lado, destacó la efectividad que tuvo la ley de paridad, que incluyó una corrección tanto en las listas de candidatos como en los resultados de los comicios.

Vaccari añade que hay otras medidas como programas de capacitación para mujeres en liderazgo y políticas públicas que incentiven la participación política femenina que complementan al sistema de cuotas e inclusión.

Orientada más al ámbito de la fiscalización, Riquelme propone mecanismos enfocados en desincentivar las brechas de género.

La ley N° 20.840, denominada «ley de cuotas», fue promulgada en 2015 con la finalidad de aumentar la presencia de mujeres en el parlamento y se mantendrá vigente hasta la elección del 2029.