En una reunión con concejales y parlamentarios, además de dirigentes de los funcionarios de Gendarmería, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz Uribe, manifestó su total rechazo a la medida dispuesta por el Gobierno como parte de un plan de densificación de las cárceles, que busca el traslado de cerca de 300 reos desde Santiago al Complejo Penitenciario Biobío de Concepción.
Además de evaluar medidas legales, el jefe comunal anunció que solicitará una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, para exponer los argumentos, recalcando que “no es una pelea contra el Gobierno, sino por decisiones arbitrarias centralistas”.
Sin embargo, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, indicó que sí estarían las condiciones para dar cabida a estos nuevos reclusos en el complejo penitenciario penquista, argumentando que existe un plan maestro de infraestructura penitenciaria, y que la iniciativa se enmarca en la agenda de seguridad de la administración Boric.
Al respecto, el alcalde penquista desmintió a la secretaria de Estado, señalando que la capacidad del penal está al límite, al igual que las condiciones sanitarias.
En este encuentro y, en representación de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, participaron el vicepresidente provincial, Sargento Segundo Esteban Yáñez Torres, y el dirigente nacional Benito Saravia Aguayo. El primero de ellos reafirmó la oposición a la medida.
La diputada por el distrito 21, Joanna Pérez Olea (Demócratas), valoró la invitación del alcalde a esta cita para analizar una disposición que, según indicó, es parte del plan de infraestructura presentado por el gobierno para dar cabida a una población penal que actualmente llega a 57 mil reclusos en el país y que se proyecta pueda alcanzar las 80 mil personas.
Asimismo, el director de Seguridad de la Municipalidad de Concepción, César Bobadilla, abordó el cómo podría afectar esta medida no solo dentro del recinto penitenciario, sino que también en el entorno.
El debate sobre el traslado de reos al complejo penitenciario de Concepción sigue generando tensiones entre las autoridades locales y el Gobierno. Mientras el alcalde Héctor Muñoz y diversas figuras políticas y gremiales insisten en la necesidad de revisar la medida por sus implicancias en la seguridad y la capacidad penitenciaria de la región, desde el Gobierno sostienen que existen las condiciones adecuadas para su implementación.
