Solicitudes de remoción e inhabilidad y hasta una acusación constitucional son parte de las posibilidades que parlamentarios oficialistas barajan en medio de la controversia levantada por la ministra y presidenta (s) de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, luego de que esta hiciera pública su interpretación personal del llamado ‘fallo de la isapres’. En paralelo, el Gobierno trabaja en ingresar un recurso de aclaración para lograr un pronunciamiento definitivo por parte del organismo.
El citado debate tiene su origen en la entrevista concedida por la ministra a La Tercera durante el pasado fin de semana, en la aseguró que el fallo de la Corte Suprema por los cobros excesivos solo obligaría a las isapres a restituir los excedentes a quienes efectuaron demandas ante la justicia, y no a la totalidad de cotizantes menoscabados por la aplicación de las tablas de factores.
Ante dicha situación, el Gobierno anunció la presentación de un recurso aclaratorio para atender esas divergencias de interpretación, mientras que dentro del Congreso se ensalzó el debate por los alcances y las consecuencias de los dichos.
Así, durante este martes el diputado Luis Malla (PL) no solo cargó contra las instituciones previsionales, sino también en contra de la propia ministra Vivanco, a quien acusó de tratar de «doblar la mano» al fallo de la Corte Suprema. Por ello, se mostró favorable ante la posibilidad de que sea removida de su cargo como vocera.
Sin consenso
Mucho más allá fue el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados, Tomás Lagomarsino (ind-PR), quien afirmó estar «estudiando» presentar una «acusación constitucional» en contra de la ministra por «notable abandono de deberes». Lo anterior, a juicio del parlamentario, se debería a que Vivanco se habría «inmiscuido» en la ejecución del fallo judicial y a que su reinterpretación vulneraría el principio de desasimiento.
De igual forma, el jefe de la bancada del PC en la Cámara Baja, Luis Cuello, acusó que la «opinión contraria al texto del fallo» junto con la «carencia de imparcialidad» manifestada por la ministra podrían constituir una infracción a sus deberes constitucionales. Por ello, solicitó en compañía de la diputada Daniela Serrano (PC) la inhabilitación de Vivanco dentro de la Tercera Sala, para que no participe en la resolución de los recursos de aclaración.
En tanto, el diputado Félix González (FRVS) calificó como «totalmente desproporcionado» el anuncio de acusación constitucional, dado que, a su parecer, dicho instrumento de juicio político solo debe ser utilizado para abordar «cuestiones graves» y no «por entrevistas».
Junto con fustigar que dicha acusación no haya sido «conversada» con su bancada, el diputado de Republicanos, Agustín Romero, enfatizó en que una presentación de este tipo «distraería» a los actores del abordaje del «fondo» del conflicto.
Cabe destacar que durante la tarde de este martes el ministro de Justicia, Luis Cordero, evitó emitir juicios respecto de lo anunciado por los diferentes parlamentarios, aunque sí aclaró que, de concretarse la salida de Vivanco de la vocería, el Ejecutivo será «respetuoso de la independencia de poderes».
