Tras aterrizar este lunes en la comuna Colchane, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, se refirió al despliegue de las Fuerzas Armadas en las zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Al respecto, afirmó que el objetivo de las labores de control de identidad, registro de equipaje y detención de personas es, por una parte, generar un efecto «disuasivo» en la migración irregular, y por otra, detectar posibles puntos de tráfico de drogas y trata de personas.
A casos excepcionales fue sido restringido el uso de la fuerza por parte de los efectivos militares, quienes a partir de hoy cumplirán funciones en la macrozona norte en el marco de la implementación de la ley de protección de la infraestructura crítica.
Lo anterior, representaba una de las principales preocupaciones planteadas por el oficialismo, que finalmente optó por someter a capacitación al personal del Ejército hoy desplegado para mejorar su manejo de las técnicas de intervención y propiciar el respeto a los derechos humanos. Todo, a cargo de la Dirección de Educación, Doctrina e Historia de Carabineros.
Tomando ello como base, la ministra Carolina Tohá detalló los procedimientos a efectuar.
En ese sentido, la titular de Interior clarificó que aunque las FF.AA. fueron destinadas a la frontera con Perú y Bolivia, los controles se extenderán «hacia adentro, lo que incluye las vías (de circulación)». Consultada por la situación de las ciudades bajo esta nueva modalidad, la autoridad política afirmó que «no están incluidas».
Por el contrario, aseguró que el trabajo de identificación y empadronamiento de los migrantes irregulares ya asentados en nuestro país será conducido por instituciones como la Policía de Investigaciones (PDI) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través de «nuevos instrumentos» que prontamente tendrán su anuncio.
Equipamiento y despliegue
Otros de los temas por los que la autoridad política fue consultada guardan relación con el resguardo de los límites a nivel de mar. Ante ello, recordó que dicha tarea corresponde a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) de la Armada, por lo que «no se requeriría de un instrumento especial para eso».
Los citados esfuerzos, dijo, está siendo apoyados junto con los de Aduanas y la PDI con cargo al Presupuesto 2023, lo que posibilitará la compra de «equipamiento mayor». Algunas de estas tecnologías, explicó, permitirán implementar en Chile la tan esperada identificación biométrica.
En cuanto a la tardanza en la implementación de este tipo de medidas proseguridad, Tohá cuestionó que fuera el actual Gobierno el que tuviera que encontrarse con un recientemente constituido Servicio Nacional de Migraciones, con un marco legal desadaptado y con evidentes carencias en cuanto a infraestructura y personal.
Finalmente, la ministra del Interior apuntó a quienes afirmaban que el problema migratorio se solucionaba con la entrada en vigencia del Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, disposición que a su aparecer, solo «abría muchas complejidades, muy distintas de lo que posibilita el instrumento que creamos acá».
Fotografía: Jedena Biobío
