El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila; el subsecretario de Educación, Nicolás Cataldo; y el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz, presentaron este jueves la plataforma web que permitirá que las y los docentes perjudicados con la denominada Deuda Histórica revisen si se encuentran en la nómina de docentes traspasados entre 1980 y 1987, la cual fue elaborada por el Ministerio de Educación entre los años 2016-2017. Esto con el objetivo de avanzar en el compromiso del gobierno de presentar un proyecto de ley de reparación.

Se conoce Deuda Histórica al perjuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades, lo que impidió que los profesionales recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado en el Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), pues este fue desconocido por sus nuevos empleadores.

El Presidente Gabriel Boric asumió el compromiso de avanzar en la reparación y es por eso que el Ministerio de Educación habilitó la plataforma https://registrodocentestraspasados.mineduc.cl/ , que permitirá que las y los docentes afectados revisen con su RUT y su Clave Única si son parte del listado de cerca de 76 mil profesores que posee el ministerio, y si no aparecen, poder solicitar su inclusión.

El ministro Marco Antonio Ávila destacó que «tenemos un firme compromiso de trabajar conjuntamente con el Colegio de Profesores para buscar la mejor solución y avanzar en este proceso reparatorio”, añadiendo que “esta fractura que tenemos como sociedad representa de manera muy clara cuáles fueron las políticas educativas de la dictadura militar y lo que se intentó hacer con nuestro sistema educativo, que tanto nos costó como país construir durante el siglo XX. (En este periodo) podemos presenciar cómo el Estado se alejó de los centros educativos y también, finalmente, terminó desconfiando de nosotros, los profesores y profesoras».

La expectativa es presentar antes de fin de año un proyecto de ley «que nos permita efectivamente dar respuesta a esta necesidad y finalmente poder cerrar esta cicatriz en nuestro sistema educativo. Llegó el tiempo de ofrecer una reparación desde el Estado que implique no solo el reconocimiento, no solo los recursos económicos, sino el poder entre todos y todas, volver a poner en valor la profesión que nosotros desarrollamos y que es fundamental para el crecimiento del país».

Por su parte, el presidente del magisterio, Carlos Díaz, señaló que «lo central y fundamental es que la propuesta que se va a entregar al parlamento la estamos construyendo en conjunto, con el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile y el Ministerio de Educación. Yo valoro mucho lo que hoy se está haciendo desde el ministerio, valoro lo que estamos desarrollando como Colegio de Profesoras y Profesores, porque lo que queremos es que estos 41 años que han pasado no sigan prolongándose en el tiempo, porque creemos que ya ha sido demasiado, ha sido mucho tiempo el que el Estado de Chile no ha cumplido con las profesoras y profesores».

Plataforma y plazo de revisión

Actualmente se cuenta con una base de datos que individualiza a cerca de 76 mil docentes afectados en el proceso de traspaso a los municipios (1980-1987), de los cuales el 68% corresponde a mujeres. El listado fue construido entre 2016 y 2017, pero no incluye a todos los docentes perjudicados, porque una parte de los decretos de traspaso estaban en condiciones ilegibles.

Por lo tanto, la plataforma web permitirá a quienes hayan sido afectados verificar si están en el listado, rectificar la información en caso de que esta sea errónea, y si no están, solicitar su incorporación. La plataforma estará abierta hasta el viernes 30 de septiembre.

La plataforma de inscripción y verificación de los docentes afectados es parte del trabajo que han encabezado la Subsecretaría de Educación y el Colegio de Profesores para saldar esta deuda. El compromiso del Mineduc es, luego de contar con el listado completo, presentar un proyecto de ley en el Congreso que posibilite el pago de una reparación a las y los docentes perjudicados.