Miembros de la Cámara Chilena de la Construcción de Concepción y Los Ángeles se reunieron con el jefe de la División de Presupuesto e Inversión del Gobierno Regional del Biobío, Juan Pablo González, ante la preocupación por la demora y atrasos en los pagos a empresas constructoras que mantienen contratos con el Gore para la ejecución de proyectos.
Tal como lo expuso el gobernador Sergio Giacaman a inicios de esta semana, González señaló que existe una deuda de más de $15 mil millones que el Gore Biobío debe a contratistas y que, en muchos casos, los tendría en una situación crítica. Entre estos, se encuentran empresas constructoras que han realizado o están ejecutando proyectos donde el gobierno del Biobío es su mandante o financia la obra, a través de fondos entregados a distintos organismos públicos.
En este sentido, el jefe de Presupuesto aseguró que el Gobierno Regional quiere darle foco a esta problemática y tener una retroalimentación que recoja las dificultades de las empresas. “Nos interesa conocer sus problemáticas, para ir mejorando los procesos y flujos, ser más eficientes y que las empresas no se vean obligadas a abandonar las obras”, expresó.
Desde el gremio constructor, el presidente del Comité de Infraestructura, Cristian González, abordó el complejo escenario.
El dirigente relevó la importancia de implementar de manera urgente una comisión de trabajo para abordar este tema. “En la gestión anterior, se esbozó una instancia de este tipo, pero nunca pudimos concretarla, hoy valoramos la creación de esta comisión, pues el monitoreo a los contratos y proyectos es fundamental para la sostenibilidad de las empresas del sector”, afirmó.
En definitiva, se acordó que la comisión, de carácter mensual, entre el gremio y el Gore Biobío sesionará para buscar acuerdos con el fin de destrabar temáticas que afectan a las empresas constructoras y realizar propuestas que modernicen el Estado.
Desde el Gore, Juan Pablo González dijo que entre los temas que les interesa abordar están la mejora en los canales de comunicación con las empresas, la evaluación del sistema de confirming para el pago a sus proveedores y la revisión de las bases en los contratos, con el fin de tener un sistema uniforme y estandarizado.
Los proyectos que financia el Gore a través de los municipios y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) son, en su mayoría, iniciativas de infraestructura, como comisarías, cesfam, complejos deportivos, liceos y dependencias bomberiles, entre otros.
Según acotaron los dirigentes gremiales, para las empresas constructoras está siendo complejo trabajar con proyectos donde el Gore es mandante, debido a la disparidad de criterios en las bases de licitación.
Cristian González recordó que “ya nos hemos visto en situaciones parecidas, esto no es algo nuevo para nuestro rubro. Lo vivimos con el Ministerio de Obras Públicas en el año 2022 y gracias a un trabajo colaborativo logramos tener sustantivos avances que fueron en la línea de la modernidad de la ejecución pública, que ayudó al rescate de muchas constructoras que actualmente están desarrollando proyectos de obras públicas con el Ministerio”.
Por ello, los dirigentes de ambas sedes reiteraron su disposición a colaborar en esta materia y así lograr que para las empresas socias sea atractivo trabajar con el Gore Biobío como mandante.
