Este mes entró en vigencia la ley Lucas Riquelme, que establece una serie de medidas a implementar para asegurar que los pacientes electrodependientes no se vean afectados frente al corte del suministro eléctrico o al no pago de las cuentas. En la región, son más de 600 los pacientes que serán beneficiados con esta iniciativa, de un total de 22 mil a nivel nacional.

Para la seremi de Energía, Daniela Espinoza, esta norma entregará tranquilidad a las familias y por sobre todo resguardará la vida de las personas. «Para nuestro gobierno la aprobación y publicación de esta ley representa un significativo avance, porque permitirá que las miles de familias que dependen de la electricidad puedan estar tranquilas, porque la vida de sus seres queridos estará resguardada», aseguró la autoridad.

Algunas de las acciones que se implementaran, son descontar de la cuenta de la luz el consumo de los dispositivos de uso médico. Para hacer efectiva esta obligación, las compañías deberán incorporar entre el sistema de conexión central del domicilio y los dispositivos un mecanismo de medición que permita hacer efectivo el descuento.

Además, las concesionarias tendrán la obligación de llevar un registro de las personas electrodependientes, para a través de éste evitar la suspensión del servicio, sea por no pago o por un eventual corte por causas naturales.

En la ley también se prioriza el restablecimiento del servicio en caso de corte, notificando previamente las interrupciones programadas. La entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de estas disposiciones será la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

«El objetivo principal de esta ley, es que las empresas entreguen soluciones eficaces y oportunas frente a cualquier eventualidad en la continuidad del servicio. De no cumplirse con las obligaciones presentes, se considerará una infracción gravísima y será la SEC la entidad encargada de aplicar las sanciones que correspondan frente al incumplimiento», afirmó la seremi de Energía.

Es importante mencionar que esta ley considera como electrodependientes a aquellas personas que necesitan de la electricidad para tratar una patología, y que requieren permanecer conectadas físicamente, de forma continua o transitoria a un dispositivo de uso médico para tratar una enfermedad grave o vital.