El inminente cierre de la Siderúrgica Huachipato, empresa que hoy podría tener una respuesta definitiva de la Comisión Antidistorsiones, y la movilización del Puerto Coronel son las señales más recientes de la compleja situación que vive la Región del Biobío, un escenario que para la Agrupación de Organizaciones Productivas del Biobío (AGOP) es de “urgencia económica”.
“La región se encuentra en alerta y amenazada en la totalidad de sus vocaciones productivas y logísticas, que tanta prosperidad y oportunidades le han entregado al país. Ante a esta crisis con carácter estructural, junto con reiterar nuestro afán de colaborar, solicitamos a la autoridad medidas concretas que aseguren la actividad económica regional, la calidad de vida de sus habitantes y hagan frente al problema de la inseguridad y falta de certeza jurídica”, señaló la entidad que reúne a Asexma Biobío, Asem Biobío, CChC Concepción, Corma Biobío – Ñuble, Irade, Pescadores Industriales del Biobío, Pymemad y la Unión de Gremios Pymes Biobío en una declaración pública dada a conocer durante la tarde del lunes.
Macarena Cepeda, vocera de AGOP y presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, sostuvo que “hace varios meses que nosotros hemos estado llamando la atención sobre este punto. Hemos visto que la vocación industrial de la región se está viendo amenazada porque hoy no se están dando las condiciones habilitantes para su desarrollo”.
A la crisis del acero, detalló, se suman las dificultades que ha enfrentado la industria forestal post incendios, la “permisología” y la discusión en torno a la nueva Ley de Pesca, entre otros factores.
Los sectores productivos relevaron la necesidad de implementar un “shock de inversión” que reactive la obra pública y se haga cargo de las necesidades locales en materia de conectividad.
Cepeda profundizó en esta solicitud, recordando que Biobío es una plataforma logística y de servicios para la Macrozona Sur (de Maule a Los Lagos) y que las grandes obras de infraestructura que están en curso en la actualidad responden aún a los efectos del terremoto de 2010, manteniendo un rezago de más de una década.
Fomentar este tipo de iniciativas, acotó, atrae más inversiones e impulsa la creación de nuevos empleos formales, un tema de especial relevancia ante el aumento de la informalidad laboral en el país.
Rol del estado y vinculación con la comunidad
La crítica situación laboral y económica del Biobío requiere, según la líder gremial, de “la colaboración del estado para generar las condiciones que permitan a la región reactivarse con urgencia”.
Consultada por la actuación del gobierno del Presidente Boric ante esta crisis, sostuvo que “hemos visto una buena disposición de parte de los ministros y las autoridades de venir a conocer y conversar, pero nos parece que después de dos años, las conversaciones ya son suficientes y el diagnóstico debiera estar claro (…) El gobierno tiene que cumplir un rol fundamental, ser más eficaz y tener el sentido de urgencia de qué es lo que necesita nuestra región”.
Al mismo tiempo, Macarena Cepeda profundizó en un tema que semanas atrás relevara el gerente general (I) de Huachipato, Jean Paul Sauré, ante las comisiones de Economía y Minería de la Cámara, la necesidad de confrontar la “desinformación” en torno a los avances de la actividad industrial en la región.
Reconociendo que “por mucho tiempo, las actividades productivas en general no comunicaron los avances, el desarrollo y la evolución que habían tenido”, manifestó que hoy es impensable que puedan estar operando “sin cumplir con los estándares que establecen las normativas nacionales e internacionales”.
“Lo que nosotros necesitamos es que la comunidad se involucre, pero se involucre positivamente, para querer conocer los beneficios y los avances que han tenido las actividades, las empresas, para poder avanzar en actividades económicas amigables con el entorno y que contribuyan a la calidad de vida (…) Nos falta comunicar mejor, pero hoy las industrias, las empresas de la Región del Biobío, son de estándar internacional y cumplen más allá de la normativa con los estándares ambientales y técnicos que se les exige”, concluyó.
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