La publicación, por parte de Ciper, de un audio en que el reconocido abogado Luis Hermosilla Osorio, junto al empresario Daniel Sauer y a la abogada Leonarda Villarroel, hablan de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para obtener información privilegiada y otros beneficios, desató la reacción de las instituciones aludidas y de distintas figuras de la élite política, judicial y económica del país.

Hermosilla es uno de los penalistas más influyentes de Chile y a lo largo de su trayectoria profesional, que comenzó en la Vicaría de la Solidaridad, su lista de clientes incluye a la familia de Jaime Guzmán, a Claudio Spiniak, al sacerdote John O’Reilly, a Iván Zamorano y al ex ministro Andrés Chadwick, entre muchos otros.

Actualmente, era el abogado del jefe de asesores del Presidente Boric, Miguel Crispi, en el marco de las investigaciones relacionadas con el Caso Fundaciones. Crispi habría terminado su vínculo profesional con Hermosilla el martes, tras conocerse el reportaje de Ciper.

Desde el SII, a través de una declaración pública, se informó que «la situación expuesta era desconocida por la organización, por lo que se instruyó la realización inmediata de una investigación interna para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia. De constatarse, se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad, para perseguir a los responsables con todas las herramientas que nos entrega el marco normativo vigente, y adoptar las medidas administrativas que permitan evitar este tipo de situaciones».

La CMF fue más allá y anunció la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Hermosilla, Sauer y Villalobos por el presunto delito de soborno, además de instruir «una investigación interna a objeto de determinar eventuales infracciones administrativas y las sanciones que resulten pertinentes».

A propósito de la situación de Sauer, controlador de Factop Corredores de Bolsa de Productos y de STF Capital Corredores de Bolsa, ambas sancionadas por la Comisión, desde la CMF recordaron que «el actuar de la Comisión ha sido de total diligencia, probidad y transparencia, como consta en el historial y los fundamentos de sus decisiones, que se encuentran a disposición del público».

En el ámbito judicial, la Fiscalía Metropolitana Oriente anunció la apertura de una investigación penal de oficio por este caso, lo que fue ratificado por el fiscal nacional, Ángel Valencia, en declaraciones recogidas por la agencia Mediabanco.

Desde el Congreso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió al escándalo. Además de manifestar su «profunda indignación» y el repudio a estos comportamientos, afirmó que «tenemos que preocuparnos por asegurar que cualquier responsabilidad que haya dentro de un servicio público por este tipo de situaciones sea identificada y adecuadamente sancionada luego de las investigaciones del caso».

En paralelo, el Colegio de Abogados anunció la apertura de un sumario ético que podría terminar con la expulsión de Hermosilla de la entidad gremial.

«Los subterráneos del poder»

Esta mañana, y a través de una declaración pública, Luis Hermosilla respondió a las acusaciones en su contra, señalando ser «objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en transcurso del tiempo».

«Debo afirmar categóricamente que no he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno», asegura Hermosilla en este documento, en el que además indica que «habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación obscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el estado de derecho».

Respecto de la grabación en particular, en la declaración se señala que «además de los aspectos obvios y evidentes, están en juego el estado de derecho y el rol de los abogados, desde que, por medio de la comisión de un delito de grabación y difusión de conversaciones privadas amparadas en el secreto profesional, se accede a ellas» y que «aunque es obvio, hay que señalar que nuestro sistema legal niega validez a las pruebas obtenidas en forma ilícita».