A la espera de la presentación y posterior respuesta al recurso de aclaración que presentará la Superintendencia de Salud ante la Corte Suprema por el fallo que obliga a las Isapres devolver excedentes a sus afiliados por la aplicación de la tabla de factores, se encuentran los integrantes de la Comisión de Salud.
Los parlamentarios se reunieron en una nueva sesión para analizar los pasos a seguir en la tramitación de la ley corta de Isapres, pero tras los dichos este fin de semana de la vocera del Poder Judicial, Ángela Vivanco, quien aseguró que sólo los contratos que han sido judicializados podrán ser objeto de devoluciones, el debate se concentró en esta nueva arista.
El presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro explicó que “dado este nuevo antecedentes seguiremos debatiendo y profundizando los alcances del fallo. Nos preocupa lo que vaya a pasar porque siempre se ha dicho que hay un sentido general de aplicación pero hoy se restringe. Seguiremos escuchando actores y esperando luces del Poder Judicial”.
En la misma línea, el senador Francisco Chahuán planteó que “creo que ambas partes deben presentar un recurso de aclaración, hablo del Minsal y de las Isapres. Es la oportunidad para aclarar los nudos críticos de una vez y despejar la incertidumbre que crece cada día más”.
Para el senador Sergio Gahona, “es grave que uno conozca los alcances del fallo por una declaración de prensa y no por una aclaración judicial. No queda claro si las palabras de Vivanco son a título personal, del Poder Judicial o de la Tercera Sala de la Corte. Hablamos de algo grave: la cuantía de los recursos”.
El senador Javier Macaya hizo un llamado a la Comisión a “ir más allá de la contingencia, mirar el mediano y largo plazo porque claro que el fallo es malo. Creo que tras la aclaración que pide la Superintendencia seguirán las interpretaciones, contiendas de competencias. Nuestra mirada debe estar en la solidaridad del sistema”.
“Es insólito que un fallo que conocimos en noviembre de 2022, cambie hoy, junio de 2023 y a través de una entrevista. ¡Hace mucho tiempo venimos hablando de esto y recién ahora se hace una precisión tan importante! Creo que no podemos seguir trabajando en esta dinámica y ojo con las expectativas de los afiliados”, manifestó la senadora Ximena Órdenes.
A su vez, el senador Juan Ignacio Latorre reforzó la idea de precisar bien quiénes serán las personas que efectivamente recibirán devolución. “En marzo de 2023, la ministra Vivanco dice que el alcance es general y ahora dice que no. Quisiera saber qué pasó. Por eso es importante conocer qué dirá al respuesta del recurso de aclaración”.
Cálculos
En la sesión estuvieron como invitados la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el superintendente de Salud, Víctor Torres; y el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, con el objetivo de analizar el monto, que tanto el Ejecutivo como las aseguradoras, han calculado que debe devolverse.
En ese entendido, Simón aclaró que la propuesta del sector se basa en el estudio realizado por la Universidad Andrés Bello presentado en la sesión del martes 30 de la Comisión de Salud.
“Lo central debe ser equilibrar el sistema pensando en la cobertura para los afiliados. No existe un único mecanismo para ejecutar el fallo como se señaló la semana pasada. ¿Qué se debe hacer? Se deben sustituir las tablas antiguas, no se debe implicar alza de las tarifas y deben revisarse las diferencias de valor en sentido retroactivo y prospectivo”, sintetizó.
Agregó que “creemos que debe aplicarse el fallo, a los contratos con tabla de factores vigentes, pero los plazos abren alternativas: pueden considerarse los contratos vigentes desde abril 2020, desde abril 2021 o desde abril 2022. Las condicionantes son que esto no implique gasto fiscal, que la cotización legal quede vigente y nadie quede bajo ésta, y que no dé lugar a discriminaciones arbitrarias”.
Sobre los dichos de la magistrada, Simón aclaró que la asociación no presentará recursos de aclaración porque “le corresponde a las Isapres que son las partes incumbentes”.
En tanto, el superintendente Torres planteó que los contratos que estarían afectos a devoluciones y rebajas alcanzarían a 725 mil si se considera la aplicación de la tabla de factores única de este organismo y la eliminación del cobro para los menores de 2 años.
La autoridad explicó que “en los escritos de la Corte en respuesta a la aclaración solicitada por el Ejecutivo en enero pasado, y cuando se solicitó la prórroga del cumplimiento del fallo, hace unas semanas, siempre se dejó en claro que el fallo tenia efecto general (…) No podemos darnos por notificados de que hay un criterio distinto, si no es por la vía formal y no a través de medios de comunicación. Ingresaremos un nuevo recurso de aclaración”.
Revisa aquí la sesión completa.
