Hace una década, Gabriel Boric comenzó a pavimentar un camino que, probablemente, influyó en su arribo al palacio de Gobierno. En 2011 se dio a conocer como uno de los líderes del movimiento estudiantil, siendo vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). Un año después asumió la presidencia de la Fech y de allí a la Cámara de Diputados.
El mismo estudiante de Derecho que exigía educación pública, gratuita y de calidad, ahora está -literalmente- al otro lado de la moneda. Fue electo Presidente de la República y tiene la difícil misión de dar respuesta a una de las mayores demandas sociales: la educación superior.
Condonación de deudas y expansión de la educación pública
«Condonación universal de las deudas estudiantiles» es la primera de las seis promesas en el programa del magallánico. Sugiere un esquema de pagos a largo plazo por parte del Estado, donde la gradualidad sea soportada por las instituciones financieras y no por las personas endeudadas. Propone el fin al Crédito con Aval del Estado (CAE), y al resto de deudas educativas, y crear un nuevo sistema único de créditos que será transitorio, hasta alcanzar la gratuidad universal, argumentando que será público, solidario, sin interés, sin participación de los bancos y «no reproducirá los abusos del CAE».
Al respecto, la directora del Grupo de Investigación en Políticas Públicas Universitarias de la UdeC, Dra. Violeta Montero, mencionó que «es una medida compleja», por las «dificultades presupuestarias que tendrá que enfrentar el país».
La académica reconoce que la gratuidad genera cuestionamientos, porque si bien permite mayor cohesión social, también genera distorsiones.
Según Andrea Encalada y Fernando Carvallo, encargados de Educación Superior del Plan de Gobierno de Boric, las tasas de morosidad del CAE alcanzaban el 46% y la condonación total tendría un costo de US$ 4.700 millones, cifra puesta en duda por Acción Educar, organismo que asegura que para ello se necesitarían USD$ 9.000 millones.
Otra de las prioridades apunta a la «Reconstrucción y expansión de la educación pública, gratuita y de calidad», aumentando el financiamiento basal a las instituciones estatales e impulsando un proceso de expansión de su matrícula, por medio de un crecimiento sostenido de ésta en los próximos años. Se anunció que la extensión tendrá especial foco en descentralización y género: se priorizará a las instituciones regionales y a las mujeres en áreas altamente masculinizadas.
Para Montero, quien también es directora del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política UdeC, «el país debe abordar seriamente una discusión sobre el carácter público de las universidades», recordando que el financiamiento a nivel estatal se da a través de 3 grandes ítems: recursos directos (becas y créditos), gratuidad, y financiamiento a las instituciones.
Según la académica, el foco en la descentralización es fundamental.
En lo que respecta a la calidad, la investigadora planteó que «el Estado ha ido creando instituciones y estándares que permiten unificar ciertos principios, en particular, la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)», sin embargo, considera que «problematizar en torno a este concepto es positivo, porque permite ir más allá de las pruebas estandarizadas, los índices, y los ránkings».
Mejoras en la gratuidad y nueva política de acceso
El tercer eje apunta a «Mejoras a la gratuidad y políticas de financiamiento», por lo que se adquiere un compromiso a revisar la gratuidad, especialmente en cuanto a su regulación, cobertura y requisitos institucionales, potenciando la asignación de recursos basales a instituciones públicas, con foco en descentralización, en el sistema técnico profesional y con perspectiva de género.
En esa línea, el Dr. Alfonso Henríquez, académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales UdeC, enfatizó que «es un paso positivo, en la medida en que por instituciones públicas entendamos también a aquellas con vocación pública».
La cuarta medida sugiere una «Nueva política de acceso y permanencia», impulsando un programa de cuotas vinculado a la recuperación y crecimiento de la educación pública, y políticas afirmativas para favorecer el ingreso y permanencia de estudiantes provenientes de la educación escolar pública. También, se menciona que se estudiarán y desarrollarán nuevos criterios e instrumentos de admisión, revisando los existentes para que cumplan un rol diagnóstico y de apoyo a las diferentes trayectorias educativas y laborales.
En ese marco, el integrante del Grupo de Investigación en Políticas Públicas Universitarias de la UdeC, sostuvo que «es una propuesta bien intencionada, pero sólo representa una parte de la solución. La falta de equidad en el acceso no sólo tiene un componente económico, sino que se vincula con brechas educacionales que se generan desde la etapa pre-escolar».
Cabe señalar que Boric también apuesta por reforzar los instrumentos de apoyo a la manutención de estudiantes.
Reconceptualización de calidad y educación técnico-profesional
Según el decano de la Facultad de Educación UdeC, Dr. Óscar Nail, la medida de «Reconceptualización y mejoras a la calidad integral en la educación superior» es favorable, debido a que en el programa se detalla que se avanzará en un diálogo abierto sobre una nueva definición de la calidad en la educación superior, a fin de contar con buenos diagnósticos de las instituciones evaluadas y así avanzar hacia un trabajo serio y de mejora progresiva.
Además, se proyecta la participación democrática de todos los actores del sistema para desarrollar una estrategia plurinacional que se ajuste al nuevo marco constitucional.
Este eje, también, contempla evaluar la forma en que se financia la investigación en Chile, para promover su desarrollo y resguardar las condiciones laborales de las y los trabajadores del conocimiento.
En tanto, la última propuesta va en dirección a una «Educación técnico-profesional para un desarrollo humano sostenible». En este punto el principal reto es que los establecimientos y centros sean parte de los parques tecnológicos, creando clústeres de innovación en las regiones, que respondan a necesidades locales.
Para Nail, se trata de «una deuda país de muchos años, ya que los estudios nacionales e internacionales dicen que es muy importante la educación técnico-profesional».
En otra arista, «Comunicación permanente e institucionalizada», «reconocimiento, valoración y fortalecimiento de los planteles con vocación pública» y «respaldo a las instituciones de excelencia que históricamente han contribuido al desarrollo de sus regiones», son las recomendaciones para relacionarse con las Universidades Públicas no Estatales (G9) que los especialistas UdeC envían al Presidente.
Son los desafíos de Gabriel Boric para Educación Superior, un área en que todos los ojos estarán puestos, y donde las promesas incumplidas pueden encender nuevamente la llama del movimiento estudiantil.
