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Uno de los conceptos que puso sobre la mesa la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, en medio del incendio forestal “Santa Ana”, que afectó a esa y otras comunas, fue el de “pertinencia rural”. La idea detrás de esta frase, usada por diferentes autoridades regionales y nacionales, es paradojalmente sencilla de entender y compleja de aplicar.

La comuna de Santa Juana se ubica a sólo 48 kilómetros de Concepción, y su superficie es de 73.100 hectáreas, de las que el 1,49% pertenece al sector urbano y el restante 98,51% al rural. Eso sí, de acuerdo al último censo de 2017, el 70% de su población vive en ese pequeño radio urbano y el 30% restante vive en los amplios sectores rurales de la comuna.

La información entregada por el municipio el 24 de abril de 2023 muestra que los incendios forestales “San José”, en diciembre, y “Santa Ana”, en febrero, afectaron una superficie total de 46.448,89 hectáreas, un 59,75% del total de la comuna y un 59,45% de los sectores rurales.

El mismo registro confirma que hubo 13 fallecidos, 4.773 personas damnificadas y 904 viviendas destruidas, aunque sólo 381 han sido consideradas como “primera vivienda”. Asimismo, casi la mitad de afectados, 2.042, pertenecen al 40% más vulnerable de la población, aunque hay otras 1.166 personas que no cuentan con información en el Registro Social de Hogares, lo que refleja uno de los aspectos de la necesaria “pertinencia rural” que ha tenido que considerar el Gobierno a la hora de llegar con ayudas.

Conocimos en terreno, el miércoles 12 de abril, las dificultades de quienes han tenido que sobrevivir a la falta de recursos, a quienes se han sentido olvidados a la espera de una vivienda de emergencia, y a una mujer que priorizó resguardar y rescatar semillas ancestrales antes que su hogar.

“Diñico”, “Paso Hondo” y “Colico Alto” son algunos de los sectores afectados por el incendio, lugares que fuera de Santa Juana apenas tienen reconocimiento, pero que muestran el esfuerzo y sacrificio de cientos de habitantes, representados en este reportaje a través de 3 historias.

“¿Qué hago con 180 polines para 100 familias?”

Santiago Quezada es presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Santa Juana. Lleva más de 20 años viviendo en el sector “Paso Hondo”, a unos 16 kilómetros del centro urbano de la comuna. En ese lugar se quemaron 58 casas, además de la escuela.

Quezada sufrió el impacto del fuego en su terreno, aunque logró proteger su vivienda. El incendio se llevó gran parte de sus viñas y árboles frutales, además de una bodega con herramientas y materiales de trabajo, reduciendo su capacidad productiva al mínimo, “apenas para unos litros de chicha”, aunque un barrido general por la zona revela que no todos contaron con la misma suerte.

El balance del jueves 2 de febrero, entregado por el director regional de Conaf, Rodrigo Jara, da cuenta de los 35 focos que se mantenían en combate. “El incendio que en estos momentos está afectando a la comuna de Nacimiento y que ya está llegando a Santa Juana, [cuenta con] cerca de 1.500 hectáreas afectadas”, dijo.

Ese jueves, en Santa Juana las vecinas y vecinos miraban con preocupación las llamas que se acercaban desde Nacimiento. Durante la madrugada del viernes 3 de febrero, según el relato de Santiago Quezada, el fuego iluminó la noche y a eso de las 04.00 am la intensidad del incendio bajó y tranquilizó a los más optimistas que, incluso, se fueron a dormir o descansar a esa hora.

Cuando se levantaron esa mañana, el fuego no solo había llegado a la comuna, sino que había recuperado toda su intensidad y avanzó con rapidez por los cerros, alimentado por las plantaciones forestales e impulsado por el viento seco e incesante, consumiendo bosques, huertas y casas.

Como muchos otros dirigentes, Quezada se puso a disposición de las labores de emergencia y logró coordinar ayudas y asistencia para vecinos y vecinas de su sector, luego también coordinó el trabajo en otras unidades vecinales rurales (60% del total de la comuna) y, a través de su rol, ha seguido de cerca el proceso de reconstrucción en la zona, participando en reuniones con autoridades municipales, regionales y nacionales.

De hecho, el miércoles 8 de febrero, mientras el incendio seguía activo, el Presidente Gabriel Boric llegó a Santa Juana, recorrió algunos sectores afectados y visitó el albergue instalado en el Liceo Nueva Zelanda. “Como Estado, estamos desplegándonos al máximo de las capacidades y empujando todo para combatir esta emergencia”, dijo Boric al cierre de esa jornada.

Santiago Quezada participó de aquellas reuniones y conversó con Boric ese miércoles, cuando el Mandatario anunció que el lunes 13 de febrero comenzaría el pago del Bono de Recuperación, dirigido a todas las familias afectadas por los incendios, de libre uso y gradual según el nivel de daño de la vivienda.

“Él puede tener la mejor disposición para ayudar, pero todo el trámite burocrático para que lleguen las ayudas es lento, y eso se ha visto hasta esta fecha”, a más de dos meses de iniciado el incendio, explica Quezada.

Como en tantas otras emergencias y catástrofes ocurridas en nuestro país, la comunidad fue la primera en llegar con donaciones particulares. Alimentos, ropa, herramientas y dinero fueron recolectados y distribuidos en diferentes proporciones por el municipio, por dirigentes y por los mismos vecinos y vecinas. Lamentablemente, pese a las ayudas voluntarias, las dimensiones del desastre hicieron que el volumen de necesidades creciera enormemente.

Una de las frustraciones tuvo que ver con las fichas FIBE, las Fichas Básicas de Emergencia. En su rol dirigencial, Quezada fue de los primeros vecinos en completar los datos requeridos en el formulario, cuando el Gobierno aún no anunciaba el Bono de Recuperación. Como, además, su vivienda no fue destruida, tampoco calificó para recibir esta ayuda inicial.

“Cuando se hizo la ficha no sabíamos que vendría el Bono de Recuperación… fue mal tomada y a mucha gente le pasó lo mismo”, señala.

El incendio no sólo destruyó cientos de viviendas, también consumió bodegas con herramientas, graneros, huertas, invernaderos, cercos, estanques de agua y mangueras, animales de compañía, de trabajo y ganado mayor y menor. Muchas familias tuvieron que evacuar y al volver se encontraron sin casa, sin sus cosechas y sin la posibilidad de volver a trabajar sus tierras en el corto plazo.

La “pertinencia rural” vuelve a quedar de manifiesto en la lista de necesidades. “Toda la gente está esperando sus viviendas de emergencia”, pero además necesitan “colocar cercos” para los animales que sobrevivieron, “necesitan polines, alambres, mallas para los gallineros”, explica el dirigente vecinal.

En esa misma línea, Quezada grafica la escasez de la ayuda recibida y la dificultad de distribuir algunos artículos, como los polines necesarios para instalar cercos en los sitios siniestrados.

Con todo, agrega el dirigente, “cuando la gente dice ‘a mí no me ha llegado nada’ no sé a qué se refieren, materiales o alimentación, porque nadie ha quedado sin su cajita de alimentos, aunque algunos se quieran aprovechar”.

Santiago Quezada valora la gestión y el trabajo municipal, encabezado por Ana Albornoz, y, tras más de 15 años como dirigente vecinal, entiende el desafío de administrar recursos siempre escasos. Por lo mismo, junto a otras personas, no han escatimado esfuerzos y han dispuesto vehículos particulares -o combustible- para repartir las ayudas particulares que siguen llegando a la comuna.

Eso sí, es crítico con la “letra chica” de los anuncios del Gobierno, como la entrega de bonos por parte del Ministerio de Agricultura. “Aquí llegan ayudas [de] Prodesal y a la gente que no está en Prodesal no les llega nada siendo que todos somos chilenos… debiera ser todo parejo”, argumenta.

Hay adultos mayores que perdieron su yunta de bueyes y su carreta. “Si no tienen con su pensión, cómo hacen para sobrevivir, es complicado salir adelante. Uno tiene la intención, pero cuesta pararse”, sostiene Quezada.

Por último, el dirigente también es crítico con la industria forestal. “Tienen que cambiar su política de plantación, el cambio climático viene para quedarse y cada vez va a ser más complicado. Esto tiene que servir de ejemplo para todo el país”, concluye.

“Tenía que salvar la huerta, para proteger las semillas”

La “Cooperativa de Productores de Ají Merkén Santa Juana” es una asociación de 15 familias que se agruparon como “guardianes de semillas y promotores de la técnica ancestral de producción” de merkén.

De acuerdo al estudio “Vida e historia del merkén de Santa Juana, Valle de Catirai”, publicado en 2019, los productores de ají del Valle de Catirai han logrado resguardar un tipo de semilla propia para las variedades ‘Cacho e Cabra’.

Inés Olate Moreno vive en “Diñico”, a unos 9 kilómetros de la Plaza de Santa Juana, es la representante legal de la Cooperativa y en su relato señala que nunca antes habían ocurrido incendios forestales como los de este verano. Ese 3 de febrero en la mañana, aún con el fuego lejos del sector donde ella vive junto a 4 hogares familiares, cargó su furgón con documentos y algunos artículos básicos, “por si acaso” y bajó del cerro con los niños y niñas de su grupo familiar.

Los hombres se quedaron “en el alto” tratando de armar cortafuegos para defender las casas construidas en el sitio familiar y otras viviendas aledañas. “Aquí había mucha historia que proteger. La casa [principal] tenía casi 200 años y pasaron varias generaciones… Yo no solo vivía acá, tenía mis bodegas, maquinaria y trabajo. Todo se quemó”, dice.

Inés tiene dos hijos y, cuando eran niños, junto a su marido (fallecido en 2009) ahorraron para comprar una casa en el pueblo, principalmente para que sus hijos pudieran estudiar sin tener que trasladarse diariamente del cerro a la escuela, sobre todo en invierno. Hoy, y desde hace un par de años, con sus hijos adultos y establecidos fuera de la región, es su hermana mayor quien vive en esa casa en Santa Juana, aunque técnicamente sigue estando a su nombre, por lo que de inmediato quedó descartada como beneficiaria de una vivienda de emergencia.

Sí ha recibido otro tipo de ayudas, sobre todo donaciones de particulares al comienzo de la emergencia, y luego, por parte del municipio y con algunos ahorros, mangueras y agua para regar lo que había quedado de sus cultivos de ají. “Antes que la casa, fui a pelear por mangueras”, reconoce. Lamentablemente, perdió casi el 80% de su producción y lo que logró rescatar solo servirá para conservar estas semillas de ají ancestral.

Para Inés, el resguardo de estas semillas es tan importante que, con los ahorros que tenía, priorizó la construcción de una sala de secado de ají y una bodega antes que una nueva vivienda. “Estas semillas se han trabajado por más de 60 o 70 años en esta familia, no usamos productos químicos y mantenemos recetas tradicionales”, describe.

Gracias al apoyo de Prodemu e Indap, desde 2010 Inés Olate ha desarrollado diferentes proyectos que le permitieron profesionalizar su producción de ají merkén. A través de diferentes líneas de financiamiento adquirió herramientas, maquinaria, materiales, bodegas, formalizó la Cooperativa y, este último año, levantó una sala de procesamiento con resolución sanitaria y estándares industriales.

Por lo mismo, es consciente de lo complejo que es recuperar todo lo que logró levantar con instrumentos de financiamiento público. “Me dijeron en primera instancia que iba a recuperar todo lo perdido, pero no sé cómo va a funcionar Indap”, comenta.

Inés ejemplifica su situación detallando el costo de algunas máquinas y criticó los montos de ayuda anunciados por el Gobierno en una primera instancia: “Si los políticos viven con $5 millones o más al mes, cómo nos van a decir que con $1,5 millones vamos a reconstruir todo lo que perdimos”. Una de las máquinas que perdió y que usaba para moler el ají cuesta $1 millón y el motocultivador $2,5 millones.

Los efectos del incendio han sido profundos para Inés. No sólo en su terreno y su trabajo agrícola. Durante los últimos años estuvo trabajando intensamente para formular proyectos y mejorar la producción de ají, tanto personal como familiar y a través de la cooperativa. “Fue grande la pega y harta la plata invertida, pero ahora no tengo nada, todo se fue en un segundo”, lamenta.

Pese a ser la representante legal de la “Cooperativa de Productores de Ají Merkén Santa Juana” y tesorera de la Junta de Vecinos local, Inés Olate señala que no le han avisado y menos invitado a alguna reunión informativa sobre las ayudas o iniciativas del Gobierno o del Municipio. “La verdad es que no sé a quién invitan a esas reuniones”, señala Olate.

“Quedamos aislados, no pudimos evacuar”

En el “Chacay”, a unos 20 kilómetros del centro de Santa Juana, Miguel Ferreira y su esposa viven, literalmente, en el último sitio del sector. Y así se han sentido en medio de esta catástrofe. “Nadie había vivido una experiencia como ésta, porque había fuego por todos lados y quedamos aislados”, recuerda.

Con una lesión en la cadera, que lo obliga a usar una muleta, Miguel se las arreglaba para trabajar en carpintería y otros quehaceres relacionados con la construcción. Su esposa tenía un invernadero y criaban unas 60 gallinas. Ese viernes 3 de febrero el fuego se llevó todo.

Uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno fue la instalación de las viviendas de emergencia antes que comience el invierno este año, es decir, el 21 de junio. Incluso, en un momento se planteó la primera semana de mayo como meta para llegar con las soluciones de emergencia a todas las comunas. En la práctica, la primera semana de mayo se percibe como una meta claramente inalcanzable.

De acuerdo a los datos entregados por la Municipalidad de Santa Juana el lunes 24 de abril, solo 1 de los 3 proveedores que trabajan en la comuna, la “Constructora Sergio Cáceres”, cumplió con el total de las casas de emergencia adjudicadas: 51 en total.

El detalle muestra que la “Constructora Tecnopanel”, que inició su labor en la comuna el 13 de marzo, se adjudicó la construcción de 252 viviendas de emergencia, de las cuales han despachado 128 y, al 24 de abril, el municipio recepcionó 122. Asimismo, la “Fundación Vivienda” inició sus trabajos el 30 de marzo y se adjudicó un total de 79 casas de emergencia, de las cuales ya despachó, al 24 de abril, 48 de ellas y el Municipio recepcionó 34 a la misma fecha.

El balance muestra que las constructoras deben despachar 155 viviendas del total adjudicado y, a su vez, el Municipio aún debe recepcionar 175 soluciones en total.

Al momento de realizar esta entrevista, el miércoles 12 de abril, Miguel Ferreira tenía como promesa la entrega de su vivienda de emergencia esa misma semana. Sin embargo, recién el lunes 17 de abril recibió en su terreno los paneles para comenzar el trabajo de instalación.

Las ayudas municipales tampoco han servido demasiado. Recibió un estanque de agua, 15 polines y un kit de aseo con una carretilla. Lamentablemente, el estanque permanece inutilizable porque no tienen mangueras, necesita 950 metros para llevar el agua de la puntera al estanque y al invernadero, y los 15 polines no alcanzan para cercar su sitio, sin considerar que no tienen mallas ni alambre.

En ese sentido, Ferreira es crítico con la gestión de los equipos municipales. “No sé cómo lo hará la Municipalidad, o cómo distribuirá las ayudas. Hay partes con mucha ayuda y otras con nada”, cuestiona.

Uno de los temores de Miguel es la llegada del invierno. El camino de ripio para llegar a su casa es irregular, angosto y tiene al menos dos pendientes que, con las lluvias, hacen muy difícil el acceso y la salida del sector. Precisamente, el pronóstico meteorológico anuncia un sistema frontal, con lluvia y viento en Santa Juana, para este viernes 28 y sábado 29 de abril.

Por lo mismo, realizó los trámites necesarios para recibir las ayudas comprometidas lo antes posible y ha ido a la Municipalidad en varias ocasiones, incluso para reclamar que en otros sitios se han instalado y levantado más de una vivienda de emergencia.

Eso sí, sus gestiones ya han rendido algunos frutos. Tras recibir los paneles de su vivienda de emergencia el pasado lunes 17 de abril, recién este jueves 26 de abril terminaron la instalación de la misma y, a casi 3 meses de iniciado el incendio, aún no puede “recibirla”, pues sigue pendiente la instalación del empalme eléctrico y la fosa para el agua, sin una fecha clara al momento de la publicación de este reportaje.

Según el balance entregado por el Municipio, de las 190 solicitudes de empalmes realizadas a Frontel, empresa dedicada a la distribución y transmisión de energía eléctrica en la zona, al 24 de abril había 63 empalmes energizados, 22 ejecutados y otros 65 en ejecución.

En cuanto a la instalación de fosas, el municipio cuenta con 3 proveedores: “HD Limitada”, “Comercial F y H Spa”, y “Socon Eyrl”, quienes se adjudicaron 30, 40 y 30 fosas, respectivamente. De acuerdo a la información recolectada, los trabajos se iniciaron el 17 de abril y al 24 del mismo mes no se había “recibido” ninguna obra, por lo que los plazos para Miguel Ferreira y su esposa siguen ampliándose.

Compromisos del Gobierno

El Presidente Gabriel Boric dio a conocer el lunes 3 de abril el Plan de Reconstrucción elaborado por su Gobierno para enfrentar las secuelas de los incendios forestales que afectaron a la zona centro-sur del país. El plan contempla 36 medidas y un costo de más de $229 mil millones. Además, se dividió en cinco ejes: Habitabilidad, Apoyo Psicosocial, Reactivación Productiva, Infraestructura Habilitante y Territorio y Sustentabilidad. El objetivo es apuntar a entregar “seguridad, dignidad y esperanza a todas las personas y comunidades afectadas”.

En cuanto al eje “Habitabilidad”, de acuerdo a los datos entregados por la Delegación Presidencial Regional, al 25 de abril, los municipios afectados solicitaron la construcción de 1.253 viviendas de emergencia en Biobío. De esa cifra, 834 ya han sido construidas y 570 fueron recepcionadas por las mismos municipalidades.

A pocos días de la llegada de mayo, primer plazo autoimpuesto por el Gobierno, la cifra de viviendas recepcionadas, es decir, con su empalme eléctrico y fosa, equivale al 45,5%, por lo que es poco probable que la reconstrucción de soluciones habitacionales de emergencia se cumpla en el primer plazo señalado, aunque si se considera el inicio del invierno como último plazo es posible llegar a esa fecha con las viviendas construidas.

Por otro lado, el eje “Reactivación Productiva” incluye medidas para recuperar el capital de trabajo. Este eje incluye, entre otras iniciativas, un Bono de recuperación de $1 millón, para productores de economía de subsistencia (autoconsumo), catastrados por el Ministerio de Agricultura y FOSIS.

También se anunció un Bono de recuperación productiva de $3 millones, para pequeños productores silvoagropecuarios directamente afectados, catastrados por el Ministerio de Agricultura.

Además, dentro del plan también se considera un Subsidio para la recuperación de capital de trabajo, activos fijos e infraestructura de hasta $10 millones, para MiPyMEs y cooperativas directamente afectadas, catastrados por Ministerio de Economía o Ministerio de Agricultura. Eso sí, este subsidio está sujeto a presentación de plan de inversiones a SERCOTEC.

Finalmente, este eje también considera un Cofinanciamiento de proyectos de inversión con aporte estatal, destinado a empresas formales MiPyMEs afectadas directamente, que presenten un proyecto de inversión por sobre los $20 millones. El aporte cubrirá hasta el 50% del monto total del proyecto de inversión, con un tope de $40 millones.

El detalle de las medidas y montos asociados está disponible en este link.