Por tres votos a favor y dos en contra fue aprobada en general, en la comisión de Constitución del Senado, la reforma que busca evitar el reajuste a la baja de los planes de salud de las isapres y limitar la restitución de los dineros cobrados en exceso a sus afiliados, en oposición a lo dictado por la Corte Suprema. Mientras los suscriptores de la iniciativa valoraron la consecución de este voto de confianza para el sistema previsional privado, desde el Ejecutivo apuntaron que la moción constituye un «artilugio» para evitar el cumplimiento del dictamen judicial.
El documento fue ingresado al Congreso por los senadores de Demócratas, Matías Walker y Ximena Rincón; de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea y Francisco Chahuán; y el timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya.
En términos generales, la reforma busca autorizar a las isapres a recalcular de manera retroactiva los precios base de los planes suscritos con anterioridad a abril de 2020, de tal manera que el nuevo precio se asemeje «lo más posible al precio que cada cotizante estaba pagando a la fecha en que dicha sentencia de la Corte Suprema quedó firme, no pudiendo el nuevo precio ser superior al precio vigente a dicha fecha».
Lo anterior no solo evitaría que las tarifas de los planes sean corregidas a la baja, sino que permitiría a las administradoras acortar las devoluciones, manteniendo únicamente las correspondientes a las cargas menores de dos años. Estas restituciones, de acuerdo con la misma moción, serían efectuadas de forma gradual y solo como beneficios para los cotizantes, es decir, a través de prestaciones no monetarias.
Durante la discusión en la comisión de Constitución, el firmante de la reforma, Rodrigo Galilea (RN), afirmó que esta evitará «el colapso del sistema» y habilitará la resolución del «desequilibrio de la mutualización del riesgo».
En tanto, el senador Matías Walker (Demócratas) apuntó que el proyecto de ley presentado no contravendría el fallo de la Corte Suprema y tampoco buscaría «salvar a las isapres», sino que, sencillamente, se centraría en evitar que las personas pierdan sus coberturas de salud.
Desde la vereda opuesta, el presidente de la comisión de Constitución y senador, Juan Luis Castro (PS), enfatizó en que nadie desea llevar a las isapres «al precipio», sino que, por el contrario, el objetivo tanto del Gobierno como de los parlamentarios oficialistas sería asegurar el cumplimiento del fallo judicial, que determinó cobros indebidos para alrededor de 700 mil contratos.
Dicha condición, según relató, no se cumpliría con el proyecto presentado por la oposición, por lo que su llamado fue a preferir la ley corta presentada por el Ejecutivo.
A pesar del desacuerdo entre los integrantes de la comisión, la reforma resultó aprobada por tres votos a favor y dos en contra.
Ante el hecho, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, llamó a la Sala del Senado a detener el avance de la iniciativa, dado que, a su parecer, esta constituiría un «artilugio» para anular la aplicación «de un fallo tan contundente como el de la Corte Suprema».
Dichas palabras fueron secundadas por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien sostuvo en su intervención ante la comisión de Salud del Senado que la reforma de la oposición «cambia la naturaleza y el sentido del fallo» al anular «lo medular de lo instruido por la Corte Suprema».
