Los resultados de la última Encuesta Nacional de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos (CEP), cuya muestra se compone de 1.443 personas pertenecientes a 119 comunas del país, reafirma la tendencia al descrédito de las instituciones tradicionales advertida en estudios y encuestas anteriores. Esto, ya que dentro de las entidades que anotaron los peores niveles de confianza se encuentran, justamente, los partidos políticos (4%), el Congreso (8%), el Gobierno (11%), el Ministerio Público (12%) y los Tribunales de Justicia (12%).

Para el doctor en Ciencia Política, investigador del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos (IMFD) y académico de la Universidad de Concepción, Sergio Toro Maureira, la pérdida de la legitimidad de las instituciones públicas y políticas no es un fenómeno nuevo, dado que los niveles de confianza vienen decayendo desde inicios de la década del 2000. Dentro de los motivos que sustentan esta baja, según explica, se encuentra la forma cerrada y desvinculada en que ha sido ejercida la política tradicional, la que se ha centrado más bien en el juego partidario y no en la representación responsiva.

“Todos los grupos políticos, finalmente, fueron cayendo en prácticas de acción con poca capacidad de penetración en la sociedad. Eso uno lo observa tanto a nivel nacional como territorial, ya que en este último caso los actores desarrollaron una gestión distrital con un acentuado clientelismo y personalismo”, explica el académico. A lo anterior, se suman los variados escándalos de corrupción que afectaron a entidades públicas, los que para el Dr. en Ciencia Política propiciaron el divorcio entre la ciudadanía y las instituciones.

 

En esa línea, la académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción y doctora en Antropología Social y Etnología, Andrea Aravena Reyes, agrega que esta pérdida de las confianzas se relaciona también con la extendida percepción de un desigual desarrollo económico del país y con la falta de transparencia de las instituciones y de equidad en la aplicación de las leyes y normas.

 

Este proceso de pérdida de las confianzas y de la legitimidad es, para la académica, aun reversible. Para ello, sugiere, por una parte, enfocar los esfuerzos en el campo de las subjetividades sociales, lo que implica “hacer esfuerzos por mejorar la percepción de desigualdad e injusticia, lo que debe incluir demostraciones reales y efectivas de justicia social e igualdad de oportunidades”.

Estos gestos, siguiendo a la Dra. Aravena Reyes, se relacionan con algunas de las demandas planteadas por la sociedad chilena hace más de medio siglo, las que a la fecha permanecen sin respuesta. Dentro de ellas, nombra los accesos equitativos a la salud, la educación y la previsión, además del mejoramiento de la eficiencia del Estado.

 

Por su parte, el Dr. Sergio Toro Maureira propone avanzar desde la representación delegativa hacia una de tipo responsiva, en la que tanto candidatos como autoridades deban rendir cuentas a los sectores del electorado que ejercen presiones y poseen un interés por aquello que se hace con el poder. Ello, según sostiene el académico, permitiría sustituir naturalmente a aquellos elementos que no cumplan con las expectativas.

Junto con lo anterior, el Dr. en Ciencia Política plantea que deben ser mejorados los mecanismos de organización, para que de esa forma la actividad política tenga raíces en una sociedad civil capaz de visibilizar e instalar sus demandas programáticas. “Es necesario fomentar el activismo territorial y el fortalecimiento de los partidos, así como borrar de cuajo la personalización de la política, que es lo que hoy tenemos. En definitiva, debiésemos votar por programas, independientemente de quién los lleve», indicó en la oportunidad.

En ese sentido, el académico reconoce que, para algunos, la propuesta de robustecer la política partidista puede resultar paradójica, dado que implicaría reforzar aquellas formas de organización que hoy están en el centro de los cuestionamientos.

 

Nuevo ciclo, nuevas relaciones

La Convención Constitucional es el órgano que, desde el 4 de julio de 2021, se ha encargado de diseñar la nueva arquitectura institucional. Este espacio, junto con las elecciones del 21 de noviembre, constituye para el Dr. Toro Maureira una tremenda oportunidad para propiciar la relegitimación institucional. No obstante, para que ello ocurra, quienes resulten electos tanto en el Congreso como en la presidencia y los consejos regionales deberán realinear sus prácticas políticas en torno al eje programático y al de los cambios constitucionales.

 

En tanto, para la Dra. Andrea Aravena Reyes la principal responsabilidad de los nuevos representantes será la de guiar la construcción de imaginarios comunes y de hallar puntos de encuentro con la ciudadanía. “Se requiere una posición dialogante, que permita establecer un nuevo pacto social y de gobernabilidad, el que debe ser inclusivo y convocar a proyectos muy diversos. El modelo anterior tuvo muchas virtudes, sin duda, pero también generó una sensación de exclusión en la mayoría estadística”, fue lo que sostuvo.

 

Al finalizar el diálogo, la académica enfatizó en los beneficios que supondría establecer una identidad plurinacional, pluriétnica y diversa, que descomprima la tensión acumulada en las décadas de descontento. “Las reformas que tienen que ver con el reconocimiento de los otros han llegado tarde, y eso ha hecho crecer la tensión en el sistema político. Estamos gobernados por unos imaginarios hegemónicos sobre la nación, la sexualidad, la economía y la salud que han sido heredados de un modelo que ya no existe. Ante eso la sociedad se ha rebelado”, cerró.

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