El directorio de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) informó la decisión de suspender indefinidamente las operaciones siderúrgicas de la empresa.
Lo anterior, producto de múltiples factores que, estiman, no se podrán revertir en el corto o mediano plazo, entre los que destacan la imposibilidad de traspasar a precios las sobretasas recomendadas por la Comisión Antidistorsiones, la intensificación del dumping chino y la compleja situación financiera que la firma enfrenta hace años.
Si bien la Comisión Antidistorsiones reconoció la existencia de dumping en la importación de barras de acero de origen chino, e impuso sobretasas transitorias a estos productos mientras toma una decisión definitiva, a casi cuatro meses de implementada la medida el comportamiento del mercado ha hecho imposible corregir los desequilibrios y traspasar a precio dichos aranceles.
Asimismo, la mesa directiva de la compañía concluyó que la aplicación de sobretasas no será suficiente para generar cambios estructurales en el mercado que permitan asegurar la viabilidad financiera del negocio siderúrgico en su forma actual.
El presidente del directorio de Huachipato, Julio Bertrand, explicó que la empresa se vio “imposibilitada de traspasar las tasas (aplicadas por la Comisión Antidistorsiones) a sus productos en el mercado nacional” y agradeció a las autoridades regionales, nacionales y a las y los trabajadores.
El ejecutivo agregó que cumplirán con todos sus compromisos con colaboradores, clientes y proveedores. En el caso de los trabajadores, la empresa contará con un plan de salida, que incluye compensación económica, capacitación y soporte para la reinserción laboral.
En tanto, el gerente general de CAP -controlador de Huachipato-, Nicolás Burr, reafirmó el compromiso del Grupo con el Biobío, y explicó que la compañía mantendrá sus operaciones no siderúrgicas, tales como el desarrollo de actividades portuarias y logísticas, extracción y comercialización de caliza y el desarrollo de nuevos proyectos en la zona.
“Seguiremos invirtiendo en la Región y trabajando en iniciativas innovadoras, como la implementación de un proyecto piloto de acero verde, la extracción de Tierras Raras y el desarrollo y producción de aleaciones para magnetos permanentes, materiales críticos para la descarbonización, elemento central de nuestra Estrategia 2030”, concluyó.
Reacciones
El ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, sostuvo que “este es un problema que se debe principalmente a la incapacidad de Huachipato y Moly-Cop de ponerse de acuerdo en niveles de venta y precios posibles con las condiciones de mercado que generó la Comisión Antidistorsiones”.
Grau agregó que luego de los esfuerzos realizados “son las empresas las que le han fallado al país” y llamó a las compañías a reconsiderar esta decisión.
En Biobío, el delegado presidencial regional (s), Humberto Toro, indicó que “aquí se ha actuado con desidia” considerando que el Gobierno respondió a la solicitud de salvaguardar la industria “y las empresas no se han puesto de acuerdo para resolver los mecanismos implementados”.
Toro enfatizó que “la empresa privada tiene una responsabilidad” y el Estado cumplió, por lo que la resolución de este problema está en manos de las compañías.
El gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz, señaló aquí se necesita “un Plan Marshall de inversión, que nos permita tener puestos de trabajo para esta gente que se va a quedar sin sus ingresos”.
Desde Talcahuano, el alcalde Henry Campos (UDI) comentó que “la aplicación de salvaguardias, que era lo que se pedía, no pudo solucionar el problema financiero que produjo la competencia desleal” y señaló que se reunirán con la empresa para abordar esta crisis y llamó al Estado a acompañar a los trabajadores que perderán su empleo.
En tanto, el senador Gastón Saavedra (PS) criticó la actitud de las empresas involucradas, calificándolas de irresponsables y poco comprometidas con el esfuerzo de proteger el empleo y mantener una industria siderúrgica de origen nacional. En este escenario, el senador instó al Gobierno a tomar una decisión política y construir una empresa de carácter público-privada con los incentivos económicos necesarios.
A su vez, el senador Enrique van Rysselberghe (UDI) lamentó esta decisión, “fundada en la incapacidad de las empresas para ponerse de acuerdo en los precios de sus productos, pese a que el Estado había tomado las medidas necesarias para corregir distorsiones que terceros actores extranjeros imponían en el mercado local”.
El segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, Eric Aedo, criticó con dureza la decisión del Grupo CAP, señalando que “el Estado, los trabajadores, la región y el país hicieron todo para que esta empresa siguiera funcionando, pero actuaron de mala fe y con la decisión de cerrar que han concretado hoy”.
También se refirió a la situación la diputada Marlene Pérez (Ind. UDI), indicando que “los accionistas e inversores han sido poco transparentes con sus trabajadores” y que en el Parlamento se estaba trabajando para ampliar las salvaguardias ya establecidas.
Finalmente, la diputada María Candelaria Acevedo (PC), manifestó su sorpresa respecto del anuncio y reiteró la idea de generar una industria del acero nacional, con participación estatal.
Cabe señalar que la compleja situación financiera de la compañía se arrastra al menos desde 2019 -cuando comenzaron los altos niveles de exportaciones desde el país asiático- y el primer trimestre de 2024 ha perdido más de US$ 700 millones. De hecho, sólo en 2023, la empresa registró pérdidas por US$ 385,5 millones y en el primer trimestre de 2024 ya registraba una merma de US$ 41,8 millones, tendencia que se ha mantenido durante los meses siguientes.
