Los impactos del cambio climático son evidentes en todas las regiones del mundo y Chile es altamente vulnerable, pues este fenómeno amenaza sus ecosistemas y biodiversidad, y también a sectores económicos como la agricultura, la ganadería y la pesca, y otros elementos necesarios para sustentar a la población, como los recursos hídricos.
Frente a esta urgencia, Chile presentó su Estrategia Climática a Largo Plazo a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la COP 26 en 2021. Además, en junio de 2022 el Estado adoptó la Ley Marco de Cambio Climático, la primera normativa en las Américas que establece como meta alcanzar la carbono-neutralidad a más tardar en el año 2050. La ley fortalece las bases legales e institucionales para implementar las metas de mitigación y adaptación.
Para garantizar la implementación en todos los niveles de la administración del Estado, la ley estableció que los 16 gobiernos regionales y 345 municipalidades del país deben desarrollar planes de acción climática, incentivando la coordinación entre los distintos niveles de gobierno para el cumplimiento de los compromisos de Chile.
En este marco, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto al Ministerio de Medio Ambiente elaboraron la Guía para la acción climática en municipios y gobiernos regionales, documento que se presentó en la UdeC, y que aspira a potenciar las capacidades de los alcaldes, los gobernadores y sus equipos para planificar e implementar acciones climáticas en sus territorios, llevando a sus comunidades hacia un desarrollo sostenible, resiliente y bajo en carbono.
Al respecto, Pablo Angelleli Latanzi, Jefe de Operaciones en Chile del BID, mencionó que la Ley Marco de Cambio Climático es un incentivo para la participación de distintos actores y, para ello, la guía se configura como un buen instrumento de apoyo.
La guía identifica 22 soluciones para construir resiliencia y avanzar hacia la carbono-neutralidad en el país, como por ejemplo «aumentar la cobertura forestal en ciudades» o «usar más bicicletas y menos autos para desplazarse». Junto con ello, se proponen más de cien acciones que los gobiernos regionales o municipales pueden implementar, con hechos como identificar zonas de protección de áreas verdes en planes de ordenamiento territorial o construir una red de ciclovías urbanas. Como una brújula, la guía proporciona una dirección para moverse rápidamente y lograr un alto impacto en la acción climática.
“Desde el BID el cuidado del ambiente, las salvaguardas sociales y ambientales son muy importantes”, mencionó el ejecutivo, agregando que “la acción climática hoy está en el tope de nuestra agenda institucional”.
Con esta guía, el BID espera apoyar a los gobernadores regionales y a los alcaldes en cumplir con la ley de manera efectiva, actuando en beneficio de las personas que habitan sus territorios y, a su vez, cuidando el planeta. El propósito es partir por definir precisamente el problema que tienen que atender estos planes: por un lado, construir resiliencia frente a los riesgos climáticos como las olas de calor, sequías, incendios forestales, e inundaciones y, por otro, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que provienen del transporte, la generación de electricidad, el uso de energía en los edificios, la deforestación y la destrucción de otros ecosistemas, la producción de alimentos, y la gestión de los residuos.
La elaboración de la guía contó con la participación de diversos actores nacionales, regionales y locales, gobierno y sociedad civil, y la sistematización de los aprendizajes y la experiencia acumulada de cada uno. Sus experiencias se reflejan en los contenidos propuestos a lo largo de todo el documento, dado que se trata de una base metodológica que confiere un sentido de realidad, logrado a través de talleres e instancias de trabajo colectivo.
