Este jueves el Gobierno informó que pondrá urgencia al proyecto de ley que busca eliminar las llamadas telefónicas spam, para de esa forma reforzar la protección de la privacidad de los consumidores y limitar eventuales abusos por parte de las compañías. La decisión fue valorada ampliamente por los copatrocinantes de la iniciativa, quienes esperan una pronta discusión dentro de la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La noticia fue dada a conocer luego de una reunión entre representantes del Ejecutivo y los diputados oficialistas Gonzalo Winter (CS), Mercedes Bulnes (ind-CS), Javiera Morales (CS) y Boris Barrera (PC). Según detalló el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Álvaro Elizalde, el encuentro permitió coordinar el trabajo legislativo en torno a las indicaciones que deberán ser aprobadas «para sacar adelante este proyecto».
Por su parte, el diputado Gonzalo Winter enfatizó en que la norma no busca limitar las llamadas publicitarias tipo spam, sino que derechamente prohibirlas; a menos que sea el propio ciudadano quien manifieste su voluntad de recibirlas. Las empresas que no respeten la disposición podrían ser multadas con hasta $91 millones y, además, ser obligadas a informar al Sernac desde qué lugar obtuvieron los números telefónicos.
Esta última sanción, sostuvo el parlamentario, permitirá combatir otro mal escasamente abordado desde la política: el «tráfico de bases de datos» en nuestro país.
Respecto de esta última problemática, la diputada Mercedes Bulnes ejemplificó que ha tenido conocimiento de denuncias que involucrarían, incluso, la vulneración de la privacidad de los datos médicos de algunas personas enfermas, las que habrían sido incluidas en las bases de datos de ciertas empresas de salud.
Cabe destacar que, en la actualidad, los ciudadanos pueden solicitar la limitación de las llamadas tipo spam a través de un formulario, disponible en la plataforma «No Molestar» del Sernac.
