Este viernes el Ejecutivo ingresó las anunciadas indicaciones al proyecto de ley corta de isapres que actualmente tramita la comisión de Salud del Senado y que busca dar certeza al fallo judicial que mandata la devolución de más de US$1.000 millones cobrados en exceso a los afiliados. De manera general, las enmiendas fijan un periodo de 10 años para el pago de los excedentes y una nueva propuesta de cobertura complementaria de Fonasa.
El conjunto de cambios normativos fue presentado por los ministros de Salud, de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y de Justicia y los DD.HH. En general, sus lineamientos apuntan a mantener la sostenibilidad y el equilibrio financiero del sistema de salud, dados los posibles escenarios de insolvencia y fuga masiva de usuarios que podrían derivar del cumplimiento de la sentencia.
Según explicó la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, el Ejecutivo fijó como prioridades que las personas «no se queden sin recibir una atención en salud», que las isapres «paguen» de acuerdo con lo establecido la Corte Suprema y que se fortalezca al Fondo Nacional de Salud (Fonasa).
Las modificaciones
Posteriormente, la secretaria ministerial de Salud, Ximena Aguilera, detalló que, específicamente, se propone adecuar los planes de cada isapre a la tabla única de factores y suspender los cobros asociados a los menores de 2 años y neonatos. A ello se suma el establecimiento de una cotización obligatoria del 7%, la que influirá en el cálculo de los planes y los montos a devolver.
Respecto de este último punto, cada aseguradora contará con dos meses para presentar un plan de pago a 10 años que incorpore medidas para una mayor eficiencia del gasto, el que estará sujeto a la aprobación de la Superintendencia de Salud y del Consejo Asesor. De corresponder, las compañías podrán solicitar un alza en sus precios bases por si requieren compensar el efecto de la sentencia GES.
De acuerdo con la ministra Aguilera, la ley corta plantea una devolución vía excedentes y sin importar si el afectado ha cambiado su previsión a Fonasa u otra isapre.
En el eventual caso de que una aseguradora caiga en la insolvencia, Fonasa deberá mantener la cobertura «en función de los casos que se han judicializado (…) así como de quienes hayan activado el seguro catastrófico».
Finalmente, las indicaciones contemplan una simplificación, a un plan único, de la propuesta original de modalidad de cobertura complementaria de Fonasa. De aprobarse, la prima de dicho esquema sería plana y fijada por el mismo fondo.
Dentro de las sugerencias no acogidas, destaca la que buscaba mutualizar las variaciones en los planes de salud, para así compensar los aumentos en las primas de unos con las bajas de los otros. El efecto de dicho cambio no era otro que reducir la cantidad de personas sujetas a las restituciones de excedentes.
De manera general, la ministra Ximena Aguilera aseguró este conjunto de cambios responden a un asunto de «responsabilidad» con el sistema de salud.
Primeras reacciones
Según recoge La Tercera, el senador y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), valoró que en este proyecto de ley corta de isapres se diera a conocer el monto total a devolver y la fórmula de pago. Al mismo tiempo, el parlamentario enfatizó en que hizo falta una señal más clara sobre la prima del GES o del Auge, junto con una proyección de cómo impactará ello en «el presente y el futuro inmediato».
Más allá fue el también integrante de la comisión de Salud de la Cámara Alta, Sergio Gahona (UDI), quien, de acuerdo con el mismo medio, lamentó que el Ejecutivo haya «lesionado» la confianza depositada por los senadores al acoger de manera muy reducida sus propuestas técnicas. Dicha situación, enfatizó, podría poner en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Por último, el senador Iván Flores (DC) se mostró conforme con el nuevo cálculo de la deuda, aunque de todas formas calificó como «excesivo» el plazo de 10 años establecido para la restitución de lo percibido ilegítimamente, sobre todo, si se piensa «en quienes llevan mucho tiempo esperando».
