El Presidente Sebastián Piñera anunció este mediodía la declaración de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia «por grave alteración del orden público», en las provincias de Bíobío y Arauco en la Región del Bíobío, y de Malleco y Cautín en la Región de La Araucanía.
«La grave situación requiere que el Estado haga uso de los medios y capacidades institucionales y los mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el Orden Público y el Estado de Derecho y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos», planteó el mandatario.
El Estado de Emergencia permite que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, además de acompañar las tareas de vigilancia, patrullaje y transporte en los procedimientos policiales que se desarrollen en la zona.
Este Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, agregó el Presidente, «es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos”.
Reacciones
Parlamentarios de oposición de la Región del Biobío criticaron con dureza el anuncio presidencial. Para el senador Alejandro Navarro, se trata de una «decisión ideológica, no una salida política. El Presidente ha equivocado el camino».
El diputado Felix González, en tanto, señaló que esta decisión «generará más inestabilidad en la zona y corremos el riesgo de un nuevo Caso Catrillanca, un nuevo caso de abuso policial y de muerte de personas inocentes».
Una visión similar manifestó su par socialista, Gastón Saavedra, quien criticó la «desidia» del gobierno en esta materia y criticó «la obsesión por tener a los militares en la calle». El legislador afirmó además que esto es un «distractor» ante la situación que afronta el Presidente, a la espera de la presentación de una Acusación Constitucional en su contra por los Pandora Papers.
El almirante Jorge Parga y el general Lionel Curti asumirán como Jefes de la Defensa Nacional de las regiones del Biobío y La Araucanía, respectivamente.
La medida tendrá una duración de 15 días, prorrogables por otros quince, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. Para una segunda renovación, se requiere que la medida sea avalada por el Congreso.
